VENEZUELA Caracas: Tensión por detenciones de opositores

AP: Caracas, Venezuela. - La
campaña electoral de cara a las elecciones presidenciales del 28 de julio en
Venezuela estuvo marcada el domingo por denuncias de la oposición sobre
detenciones de dirigentes y activistas políticos.
El dirigente opositor
Perkins Rocha denunció en una rueda de prensa la detención de ocho personas
entre la noche del sábado y la madrugada del domingo en los estados de
Carabobo, Monagas, Anzoátegui y Portuguesa.
Refirió que entre los
detenidos se encuentran la dueña y dos ayudantes del camión que usaron la
dirigente opositora María Corina Machado y el candidato Edmundo González para
un recorrido el sábado por las calles de Valencia. Agregó que los detenidos
fueron presentados ante los tribunales acusados, entre otros cargos, por “supuestas
lesiones a funcionarios públicos” y actos de “extorsión”.
Rocha, del Comando Nacional de Campaña de Vente Venezuela, movimiento
político al que pertenece Machado, hizo un llamado a los miembros del Consejo
Nacional Electoral para que atiendan esa situación tras señalar que “bajo
sus hombros descansa la responsabilidad de que los jugadores compitan
transparentemente”.
ESCALADA DE REPRESIÓN
“Estamos viendo una escalada en la represión” no sólo de dirigentes
políticos y comandos de campaña, sino de “personas que lo único que han hecho
es ofrecernos sus servicios”, afirmó, por su parte, Machado al cierre de un acto proselitista en
Universidad Central de Venezuela en apoyo a la candidatura de González.
González, candidato de la coalición opositora, y Maduro, quien busca su
tercer mandato, son los que mayor probabilidad tienen de ganar los próximos
comicios presidenciales, frente a otros ocho postulantes con pocas opciones, y
muchos de los cuales representan a organizaciones políticas cercanas al
gobierno, según analistas.
Machado, quien debió ser reemplazada por González ante una
inhabilitación política, calificó la situación como violatoria de “todos los
términos de una competencia justa” y alertó a los veedores internacionales
sobre la situación.
Gonzalo Himiob, vicepresidente del Foro Penal, una organización no
gubernamental de defensa de los derechos humanos, dijo a The Associated Press
que algunos de los detenidos no han podido contactar con los abogados para
ejercer su defensa. Según el Foro, hasta el 8 de julio se reportaban 287 “presos
políticos”.
El Ministerio Público no se ha pronunciado hasta el momento sobre las
últimas detenciones denunciadas. Sin embargo, el fiscal general, Tarek William
Saab, había acusado el viernes a dos empresarios detenidos el 10 y 11 de julio,
entre ellos, Ricardo Albacete, de ser parte de un acto de “sabotaje contra el
sistema eléctrico para irritar a la población y desestabilizar las elecciones
presidenciales”.
Más temprano, durante el acto proselitista ante cientos de estudiantes
congregados en la Universidad Central, Machado aseveró que son “una
generación que nació y creció en tiranía, pero que va a disfrutar la libertad”.
“Han arriesgado su vida, han perdido compañeros, han visto a muchos
partir y aquí están de pie y decididos a dar todo”, destacó.
González, por su parte, rememoró ante los estudiantes su paso por esa
institución donde se formó como diplomático y cuestionó la situación de
precariedad de casa de estudios.
El encuentro se realizó pese a que horas antes se divulgó un comunicado
del rectorado de la Universidad Central negando la autorización para el acto
previsto en el lugar, argumentando la necesidad de preservar la condición de
patrimonio mundial de la Ciudad Universitaria y asegurar las condiciones de
seguridad necesarias para el campus.
El campus de la llamada Ciudad Universitaria de Caracas —que alberga más
de 90 edificios, estadios, caminos techados, grandes plazas y obras de
reconocidos artistas como el pintor y litógrafo húngaro Victor Vasarely y el
escultor estadounidense Alexander Calder— fue declarado Patrimonio Cultural de
la Humanidad por la UNESCO en el año 2000.
Los profesores universitarios, sobre todo los mejores calificados, se han sumado a la fuga de cerebros, ahuyentados por tener en su mayoría ingresos cercanos al salario mínimo mensual —4,741 bolívares equivalentes a 130 dólares— como consecuencia de presupuestos deficitarios.
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