CASO "CAMALEON": Encierro preventivo en Najayo para Jochi Gómez y Hugo Beras

Santo Domingo, RD. - La
jueza del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso 18 meses
de prisión preventiva en contra de Jochi Gómez y el exdirector del Instituto
Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, principales
acusados en el caso Camaleón.
La magistrada Fátima
Veloz, quien además declaró el caso complejo, dispuso que Jochi Gómez,
propietario de las empresas Transcore Latam y de Aurix, así como Hugo Beras,
cumplan la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación
Najayo –Hombres.
Asimismo, el tribunal
impuso 18 meses de prisión preventiva en contra de Pedro Vinicio Padovani Báez,
exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant, para ser cumplido
también en la cárcel de Najayo.
La jueza dispuso que la
prisión preventiva fue impuesta a los tres acusados fuera revisable de manera
obligatoria cada tres meses, al tiempo que fijó para el próximo nueve de enero
del 2025, la primera audiencia de la revisión obligatoria.
El tribunal tomó la
decisión, tras acoger un pedimento presentado en ese sentido por los fiscales
de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa
(PEPCA), quienes habían pedido imponer 18 meses de prisión preventiva y que el
caso fuera declarado complejo.
Para Samuel Gregorio
Baquero Sepúlveda, exdirector de tecnología del Intrant, la jueza Veloz dispuso
arresto domiciliario y presentación periódica por ante el ministerio público.
La jueza también impuso a Frank Díaz Warden, Carlos José Peguero Vargas
y Juan Francisco Alvarez Carbucia, al primero el pago de una garantía económica
de dos millones de pesos y los dos restantes un millón, impedimento de salida
sin autorización previa y presentación periódica los días 30 de cada mes por
ante el ministerio público investigador.}
Igualmente, el tribunal otorgó un plazo de siete días a Díaz Warden,
Peguero Vargas y Alvarez Carbuccia para que cumplan con el pago de la garantía
impuesta para que obtengan su libertad y transcurrido dicho plazo sin cumplir
con la obligación correspondiente serán trasladados a la cárcel de Najayo hasta
tanto concretice el pago del monto de dicha fianza.
LA PEPCA CONFORME
A su salida del tribunal, Wilson Camacho, titular del Pepca, felicitó la
decisión del tribunal de imponer prisión preventiva a tres de los implicados,
al considerar que es el triunfo de la verdad sobre la mentira y el miedo.
Sostuvo que a partir de ahora los fiscales se concentrarán en seguir
trabajando para obtener evidencia a las imputaciones que hicieron en la
solicitud de medida de coerción en contra de los encartados.
Camacho dijo que igualmente seguirán trabajando para incorporar en el
proceso otras líneas de investigación que tienen sobre la mesa que de seguro
traerán consigo otros involucrados.
DEFENSA DE HUGO BERAS APELARá EL FALLO
En tanto que los abogados Laura Acosta y Luis Rivas, quienes asumen la
defensa de Hugo Beras, adelantaron que recurrirán la decisión del tribunal en
apelación por no estar conforme con la misma.
Laura Acosta dijo que la
jueza rechazó un pedimento presentado sobre la nulidad de las actuaciones de
los allanamientos realizados a su cliente, bajo la base de que no tenía
elemento suficiente para determinar si los que ellos plantearon ocurrieron.
Indicó que con respeto a
la prisión preventiva el tribunal alegó que como Hugo Beras había sido un
funcionario de alta jerarquía existía riesgo para la investigación, a pesar de
que él ya no está en esa posición y que por tanto no tiene el poder que ella le
atribuye.
“Es una decisión
que nosotros respetados, pero disentimos y en consecuencia procederemos de
inmediato a recurrir en apelación la misma, esto no se ha terminado, esto
apenas empieza y nosotros vamos a seguir luchando hasta que Hugo Beras regrese
al seno de su casa”, acotó.
La abogada señaló que en
ese caso hay intereses sumamente grave que escapan a los mismos abogados que
conforman el consejo de defensa
De acuerdo al Ministerio
Público los imputados pertenecen a una red de corrupción y crimen organizado
dedicada al desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de
funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructura
crítica, por medio de alta tecnología y robo de identidad.
Por: Ramón Cruz Benzan.
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