DíA DEL PODER JUDICIAL: Tema de mora judicial causa ‘fuego cruzado’ entre actores clave
Santo Domingo, RD. - La
pelota fue puesta en cancha por el juez presidente de la Suprema Corte de
Justicia, Luis Henry Molina, indicando los avances que obtiene su gestión en
reducir la mora judicial, aunque no oculta que un reto existencial del sistema
es el innumerable de casos pendientes.
En
la ocasión de pronunciar el discurso en el Día Nacional del Poder Judicial,
Molina citó que todas las salas de la Suprema resolvieron un 98 por ciento de
casos ingresados en 2023, cuya meta en lo adelante es no tener expedientes
inconclusos con más de seis meses.
La postura ante la mora
judicial, que terminó formando la clave del pronunciamiento, dio inicio a los
debates con posiciones encontradas de diferentes autoridades, incluido el
Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, al manifestar que los retrasos en tribunales
continúa en el primer nivel.
“Solo se ve avances en la
Suprema Corte de Justicia; en lo que son los tribunales de primer nivel se
sigue viendo la mora judicial y la justicia para los ciudadanos comunes se ve,
indiscutiblemente, para privilegiados. Debemos mejorar en el acceso, infraestructura
y salarios de servidores”, dijo Ulloa a la salida de la
audiencia solemne, llevaba a cabo en la Sala Augusta.
El discurso de Molina
revela que de los 11,268 casos ingresados en 2023, el 98 por ciento ya fue
resuelto, con solo 561 pendientes entre las salas, a pesar de un incremento
considerable por el ingreso de nuevos recursos a la Tercera Sala.
La Segunda Sala Penal no
tiene ningún caso pendiente del 2023, en tanto que la SCJ ha solucionado 47,986
casos entre junio de 2019 y noviembre de 2024. Antes existían casos a esperas
de fallo desde 1982.
“El mayor desafío que
enfrentamos es la mora judicial. Hay cientos de historias que ilustran la
desesperanza e incertidumbre que generan los casos pendientes”,
dijo Molina. “La mora judicial es y ha sido un reto existencial para la
justicia y la sociedad, pero estamos transformando esa realidad”.
El objetivo de reducir
los retardos judiciales encuentra marco normativo en la Ley 2-23 sobre Recurso
de Casación, que pone pestillo e “impide” la entrada de prácticas dilatorias.
Esta reduce de dos años a
menos de cinco meses el tiempo promedio de los trámites de las partes para el
apoderamiento de las salas.
defensa pública
A esta conversación de la mora judicial, que antes era un tema en el
tapete con artículos de denuncia como “Casos judiciales se alargan por años
en la palestra pública y los tribunales” lanzado en la Prensa, se agrega el
director de la Oficina Nacional de Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos.
Consideró necesario que los principios asistan para que los ciudadanos reciban
las decisiones judiciales en tiempo oportuno, facilitando que abran los
procesos apelativos -en casos de requerirlo- y no vivir con la incertidumbre a
esperas de un fallo.
“Para que haya un estado de derecho no podemos seguir en atraso, porque
a los ciudadanos hay un principio que les asiste de una justicia oportuna”, dijo Valentín Santos.
“Todo el mundo que recibe una decisión, a favor o en contra, la quiere
recibir: si tiene que apelar, apelar inmediatamente, pero no mantener al ser
humano en una incertidumbre”.
En la misma línea,
considera que respecto a estos procesos se experimentan avances y puso de
ejemplo el menor tiempo para dar paso a un conocimiento de medida de coerción,
que antes se dilataba en uno o dos meses.
Las declaraciones de
estas autoridades judiciales sucedieron en el marco de la Audiencia Solemne en
la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia, en conmemoración al Día
Nacional del Poder Judicial, bajo presencia de la vicepresidenta de la
República, Raquel Peña.
Por: Carlos Moreta.
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