ÓRGANO JUDICIAL DE LA ONU: Corte de La Haya continuará su labor judicial

AFP: La Haya, Países Bajos. - La Corte Penal Internacional (CPI) condenó este viernes la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de sancionarla por sus acciones contra dirigentes israelíes, calificándola de "ataques graves" al orden internacional, y se comprometió a seguir "impartiendo justicia" en el mundo.

"La CPI condena la publicación por parte de Estados Unidos de un decreto destinado a sancionar a sus funcionarios y perjudicar su trabajo judicial independiente e imparcial", declaró en un comunicado la corte con sede en La Haya.

"La Corte apoya firmemente a su personal, y se compromete a seguir impartiendo justicia y a darle esperanza a millones de víctimas inocentes de atrocidades en todo el mundo, en todas aquellas situaciones en que se recurra a ella", añadió la CPI.

En otro comunicado, la presidenta del tribunal, Tomoko Akane, calificó las sanciones de "ataques graves" contra los Estados miembros y el orden internacional.

La corte ya había sido criticada en Estados Unidos por emitir órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa Yoav Gallant. El dirigente israelí fue recibido el martes en la Casa Blanca.

Al emitir las órdenes de arresto en noviembre de 2024, los jueces estimaron que existen "motivos razonables" para sospechar que ambos cometieron crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Gaza, escenario de una cruenta guerra que ha devastado el territorio y desplazado a la casi totalidad de su población.

El conflicto se desató tras el ataque de Hamás en suelo israelí el 7 de octubre de 2023. El movimiento islamista palestino, considerado como grupo "terrorista" por Estados Unidos, Israel y la Unión Europea, gobierna la Franja de Gaza desde 2007.

- "Amenaza" -

En el decreto firmado por Trump, se acusa a la CPI de emprender "acciones ilegales y sin fundamento contra Estados Unidos" y su "estrecho aliado, Israel".

El texto, difundido el jueves por la Casa Blanca, prohíbe que directivos, empleados y agentes de la CPI ingresen a Estados Unidos. También están vetados sus familiares más cercanos y cualquiera que haya aportado su ayuda a los trabajos de investigación del alto tribunal.

El decreto también prevé congelar en Estados Unidos todos los haberes de esas personas, cuyos nombres no se publicaron por el momento.

Israel no tardó en felicitar a Trump y calificó el viernes las acciones del tribunal de "inmorales" e ilegítimas.

"Felicito encarecidamente al presidente Trump", afirmó el ministro israelí de Relaciones Exteriores, Gideon Saar, en la red X.

"La CPI persigue de forma agresiva a los dirigentes elegidos de Israel, la única democracia de Oriente Medio", añadió.

El Consejo Europeo, en cambio, calificó el decreto de "amenaza" para la independencia de esta instancia internacional de justicia.

"Sancionar la CPI amenaza la independencia de la corte, y socava el conjunto del sistema de justicia internacional", aseveró en X António Costa, que preside este foro de representación de los 27 jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea.

En esa dirección se expresaron también 79 países que son miembros del tribunal, entre ellos México, Chile y Panamá.

"Tales medidas aumentan el riesgo de impunidad para los crímenes más graves y amenazan con socavar el Estado de derecho internacional, que es crucial para promover el orden y la seguridad en el mundo", escribieron.

La ONU se sumó a las inquietudes, diciendo lamentar la iniciativa de Washington, y pidió a Trump que reconsidere la medida.

Ucrania, por su parte, espera que el tribunal siga persiguiendo a los presuntos autores rusos de crímenes de guerra en su país, invadido por Moscú en febrero de 2022.

El presidente ruso, Vladimir Putin, es objeto desde marzo de 2023 de una orden de arresto de la CPI, por sospechas de deportación ilegal de niños ucranianos a Rusia. El Kremlin rechaza firmemente estas acusaciones.

Estados Unidos, Israel y Rusia no son miembros de la CPI, una jurisdicción permanente encargada de perseguir y juzgar a individuos acusados de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

Se fundó en 2002 y cuenta con 124 Estados miembros. Desde su creación solo ha dictado un puñado de condenas.