CASA BLANCA: Trump ordena desmantelar el Departamento de Educación
AP: Washington, Estados
Unidos. - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó
el jueves una orden ejecutiva en la que pide el desmantelamiento del
Departamento de Educación, una acción con la que pretende avanzar en una
promesa de campaña para desmantelar una agencia que desde hace tiempo ha sido
un objetivo de los conservadores.
Trump
ha ridiculizado al Departamento de Educación por derrochador y por estar
contaminado por la ideología liberal. Sin embargo, completar su
desmantelamiento es probablemente imposible sin una ley por parte del Congreso,
que creó el departamento en 1979. Los republicanos dijeron que presentarán un
proyecto de ley para lograrlo.
Sin embargo, el
departamento no cerrará completamente. La Casa Blanca dijo que mantendrá
ciertas funciones críticas.
Trump afirmó que su gobierno cerrará el departamento más allá de sus “necesidades
básicas”, preservando sus responsabilidades en relación con la financiación
del Título I para escuelas de bajos ingresos, las becas Pell y el dinero para
niños con discapacidades. Anteriormente, la Casa Blanca había dicho que también
continuará gestionando los préstamos estudiantiles federales.
bajo rendimiento acadÉmico
El presidente culpó al departamento por el bajo rendimiento académico de
Estados Unidos y señaló que los estados harán un mejor trabajo.
“No nos está haciendo ningún bien”, afirmó durante una ceremonia en la Casa Blanca.
El gobierno republicano
de Trump ya ha empezado a desmantelar la agencia. Su fuerza laboral se está
reduciendo a la mitad, y ha habido recortes profundos en la Oficina de Derechos
Civiles y el Instituto de Ciencias de la Educación, que recopila datos sobre el
progreso académico de la nación.
Los defensores de las
escuelas públicas dijeron que eliminar el departamento dejará atrás a los niños
en un sistema educativo estadounidense que es fundamentalmente desigual.
“Este es un día
triste para los millones de niños estadounidenses que dependen de la
financiación federal para recibir una educación de calidad, incluidos aquellos
en comunidades pobres y rurales cuyos padres votaron por Trump”,
señaló Derrick Johnson, presidente de la Asociación Nacional para el Progreso
de las Personas de Color (NAACP, por sus siglas en inglés).
Los demócratas dijeron
que la orden será impugnada en los tribunales y en el Congreso, e instaron a
los republicanos a unirse a ellos en oposición.
La orden de Trump es
“peligrosa e ilegal” y perjudicará desproporcionadamente a los estudiantes de
bajos ingresos, a los estudiantes de color y a aquellos con discapacidades,
precisó el representante Bobby Scott, el principal demócrata en la Comisión de Educación
y Trabajo de la Cámara de Representantes.
El departamento “fue
fundado en parte para garantizar la aplicación de los derechos civiles de los
estudiantes”, dijo Scott. “Los defensores de la segregación en las
escuelas públicas se opusieron y hicieron campaña por un regreso a los
‘derechos de los estados’”.
Los partidarios de la visión de Trump para la educación acogieron la
orden.
“No más burocracia inflada dictando lo que los niños aprenden o
sofocando la innovación con trámites”, dijo Tiffany Justice, cofundadora de Moms for Liberty, en las redes
sociales. “Los estados, las comunidades y los padres pueden tomar las
riendas, adaptando la educación a lo que realmente funciona para sus hijos”.
Falta información
La Casa Blanca no ha especificado formalmente qué funciones del
departamento podrían ser transferidas a otras dependencias o eliminadas por
completo.
El departamento envía miles de millones de dólares al año a las escuelas
y supervisa 1,6 billones de dólares en préstamos estudiantiles federales.
Actualmente, gran parte del trabajo de la agencia gira en torno a la
gestión del dinero, tanto de su extensa cartera de préstamos estudiantiles como
de una variedad de programas de ayuda para universidades y distritos escolares,
además de las comidas escolares y el apoyo a estudiantes sin hogar. La agencia
también es clave en la supervisión de la implementación de los derechos
civiles.
Los estados y distritos ya controlan las escuelas locales, incluido el
programa de estudios, pero algunos conservadores han presionado para eliminar
las condiciones asociadas al dinero federal y proporcionarlo a los estados como
“subvenciones bloque” que se utilizarían a su discreción. La concesión de
subvenciones bloque ha suscitado preguntas sobre fuentes de financiación
vitales, incluido el Título I, la mayor fuente de dinero federal para las
escuelas que abarcan desde el kínder hasta el 12do grado de Estados Unidos. Las
familias de niños con discapacidades han desesperado por lo que podría resultar
del trabajo del departamento federal en la protección de sus derechos.
La financiación federal representa una porción relativamente pequeña de
los presupuestos de las escuelas públicas, aproximadamente el 14%. El dinero a
menudo apoya programas suplementarios para estudiantes vulnerables, como el
programa McKinney-Vento para estudiantes sin hogar o el Título I para escuelas
de bajos ingresos.
Las universidades dependen más del dinero de Washington, a través de
subvenciones de investigación junto con la ayuda financiera federal que ayuda a
los estudiantes a pagar su matrícula.
Los republicanos han hablado sobre cerrar el Departamento de Educación
durante décadas, diciendo que desperdicia el dinero de los contribuyentes y
pone al gobierno federal a cargo de tomar decisiones que deberían corresponder
a los estados y las escuelas. La idea ha ganado popularidad recientemente a
medida que los grupos de padres conservadores exigen más autoridad sobre la
educación de sus hijos.
En su plataforma, Trump prometió cerrar el departamento “y devolverlo
a los estados, donde pertenece”. Trump ha presentado al departamento como
un nido de “radicales, fanáticos y marxistas” que extienden su alcance a
través de orientaciones y regulaciones.
Incluso mientras Trump avanza para desmantelar el departamento, ha
confiado en él para promover elementos de su agenda. Ha utilizado los poderes
de investigación de la Oficina de Derechos Civiles y la amenaza de retirar el
dinero federal de educación para apuntar a escuelas y universidades que
infrinjan sus órdenes sobre atletas transgénero participando en deportes
femeninos, activismo propalestino y programas de diversidad.
La senadora Patty Murray, demócrata en la Comisión de Salud, Educación,
Trabajo y Pensiones del Senado, desestimó la afirmación de Trump de que está
devolviendo la educación a los estados. Señaló que en realidad está “tratando
de ejercer cada vez más control sobre las escuelas locales y dictar lo que
pueden y no pueden enseñar”.
Un poder cuestionado
Incluso algunos de los aliados de Trump han cuestionado su poder para
cerrar la agencia sin una acción del Congreso, y hay dudas sobre su popularidad
política. La Cámara de Representantes consideró una enmienda para cerrar la
agencia en 2023, pero 60 republicanos se unieron a los demócratas para oponerse
a la medida.
Durante el primer mandato de Trump, la secretaria de Educación, Betsy
DeVos, buscó reducir drásticamente el presupuesto de la agencia y pidió al
Congreso que agrupara toda la financiación de las escuelas primarias y
secundarias en subvenciones bloque que otorguen a los estados más flexibilidad
en cómo gastan el dinero federal. Ese movimiento fue rechazado, con resistencia
de algunos republicanos.
Leavitt es uno de los tres funcionarios del gobierno federal nombrados en una demanda presentada por The Associated Press por motivos de la Primera y Quinta Enmienda. La AP dice que los tres están castigando a la agencia de noticias por decisiones editoriales que ellos se oponen. La Casa Blanca dice que la AP no está siguiendo una orden ejecutiva para referirse al Golfo de México como el Golfo de Estados Unidos.
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