CASOS DE CORRUPCION: Pedidos de extinción acción penal son empujados por alegatos de vencimiento de plazos
Santo Domingo, RD. -
Los casos de presunta corrupción que se encuentran en los tribunales del país
comparten un elemento común: las defensas solicitan a los jueces a cargo la
extinción de la acción penal alegando el vencimiento del plazo máximo de
duración de los procesos.
Entre estos casos
destacan el caso Antipulpo, que involucra a Alexis y Magaly Medina Sánchez,
hermanos del expresidente Danilo Medina, y los casos Coral y Coral 5G, cuyo
principal implicado es el mayor general Adán Cáceres Silvestre, ex jefe de
seguridad del mismo mandatario.
En ambos casos, el
Segundo y el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional rechazaron las
solicitudes de las defensas de declarar la extinción de la acción penal por
vencimiento del plazo máximo, previsto en el artículo 148 del Código Procesal
Penal. Asimismo, ordenaron la continuación del juicio de fondo, señalando que
la decisión es susceptible de recurso de apelación.
En el caso
Antipulpo, la defensa de Magaly Medina alegó que el proceso tiene una duración
de cuatro años, tres meses y 11 días.
En el caso de Cáceres
Silvestre, se argumentó que el proceso inició el 16 de febrero de 2021, con una
solicitud de medida de coerción de inmovilización de bienes, y que se ha
extendido por más de cuatro años.
Por otro lado, en el caso
Medusa, el principal implicado, el exprocurador general de la República, Jean
Alain Rodríguez, alega que su caso se ha prolongado más allá de lo razonable,
estando privado de libertad por casi cuatro años sin que se haya iniciado el
juicio de fondo.
En otros dos casos de
presunta corrupción, Super Tucano y Los Tres Brazos, el Cuarto Tribunal
Colegiado del Distrito Nacional declaró la extinción de la acción penal por
vencimiento del plazo, pero esta decisión fue revocada por dos salas de la
Corte de Apelación del Distrito Nacional.
En cuanto al caso
Calamar, donde figuran como principales implicados el exministro de Hacienda
Donald Guerrero, el exministro Administrativo de la Presidencia José Ramón
Peralta y el exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo, este ha sufrido
ocho aplazamientos y aún no ha iniciado el conocimiento de la solicitud de
apertura a juicio.
Argumentos de los
tribunales para el rechazo
En el caso Antipulpo, los
jueces del Segundo Tribunal Colegiado fundamentaron su decisión en los
aplazamientos debidos a la recusación del pleno del tribunal y de la presidenta
Claribel Nivar, así como a la falta de traslados de los imputados, razones de
salud de una acusada y permisos por duelo familiar.
La defensa alega que el
caso lleva cuatro años, tres meses y 11 días en los tribunales, superando el
plazo máximo.
Asimismo, se destacó la
complejidad del caso, con casi 4,000 elementos de prueba, 21 personas y 19
empresas imputadas, y la necesidad de garantizar el derecho a la defensa de
cada una.
En los casos Coral y
Coral 5G, el Primer Tribunal Colegiado rechazó la extinción de la acción penal
argumentando que el caso tiene una duración de tres años, diez meses y 19 días,
sin superar el plazo legal de cuatro años.
Los jueces sostienen que
el cómputo del plazo legal, según el artículo 148 del Código Procesal Penal,
inició el 5 de mayo de 2021, fecha en que se impuso la prisión preventiva al
solicitante.
En el sistema penal
dominicano, la extinción de la acción penal es un mecanismo jurídico que puede
finalizar un proceso antes de la sentencia definitiva, regulado por el Código
Procesal Penal, con particularidades en delitos contra la administración pública.
Por: Ramón Cruz
Benza.
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