OPERACION CATTLEYA: Condenan a 20 y 3 años de prisión a integrantes de red de trata desmantelada con Operación Cattleya
Santo Domingo, RD. - El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a 20 y tres años de prisión, a los
integrantes de la red de trata y explotación de mujeres extranjeras, desmantelada en agosto de 2022 mediante la
Operación Cattleya.
El tribunal presidido por
Arlin Ventura Jiménez e integrado por Leticia Martínez Noboa y Evelyn
Rodríguez, dispuso que las penas sean cumplidas en las cárceles Najayo-Hombres
y Mujeres, de San Cristóbal, y fijó para el 24 de abril a las 9:00 de la mañana
la lectura integra de la sentencia.
El tribunal impuso 20 años de prisión a José Alberto Soriano
Rosario, Melvin José Valentín Peguero, Wilcene Oscar, Dionicio Mieses de la
Cruz (alias Dionis), María Paula Murillo Vargas, Zafiro Nathaly Sánchez
González y Engel Neftalí Vargas Soto (Ángel), por tráfico ilícito de migrantes
y al pago de una multa de 150 salarios mínimos.
Asimismo, condenó a tres
años de prisión a Alejandro Arturo
García Bustamante (Gato), Robert Eleuterio Lee Paniagua, José Miguel
Michel Guridis, Daniel Enrique Inirio Abreu, Cristina Virginia González
Hernández, Braulio Manuel Lugo, así como al pago
de una multa.
También sentenció a seis meses de prisión a Oliver Arnaud,
conocido como Timothy Case, y descargó a Carlos Jonatthan Walwyn Campusano y
ordenó la disolución del Hotel Oscar Inn
Santo Domingo.
El tribunal tomó la
decisión tras acoger el dictamen de la titular de la Procuraduría Especializada
contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), Yoanna
Bejaran Álvarez, junto a los fiscales Aleika Almonte, Ginna Matías, Noelia
Tavera y Eduardo Velásquez.
El grupo fue acusado de
integrar una estructura criminal
dedicada a la trata de personas con fines de explotación
sexual y al tráfico ilícito de
migrantes.
Según la acusación,
captaban, trasladaban y explotaban
sexualmente a mujeres, en su mayoría extranjeras, engañándolas con falsas
promesas de empleo en el país. Además, enfrentan cargos por asociación de
malhechores y, en algunos casos, por lavado de activos, debido a los beneficios
económicos obtenidos de esta actividad
ilícita.
El Ministerio
Público estableció ante el tribunal que ha quedado demostrada la vinculación de los acusados, quienes
coordinaban las acciones delictivas mediante grupos de WhatsApp y redes sociales. A través de
estos canales, promocionaban a las víctimas, las vendían y obtenían ganancias
ilícitas derivadas de la explotación.
Por: Ramón Cruz Benzan.
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