Muchas denuncias Y Pocas condenas por tráfico de migrantes
En el
año 2024, los juzgados de Instrucción de la República Dominicana recibieron 158 acusaciones relacionadas con violaciones
a la Ley 137-03 sobre Tráfico
Ilícito de Migrantes y Trata
de Personas, según datos del Poder Judicial obtenidos a
través de Libre Acceso a la Información.
Sin embargo, de todas
estas denuncias,
solo ocho casos llegaron a la primera instancia, lo que evidencia dificultades
en el proceso
judicial contra este delito.
Las
cifras revelan que Dajabón es la provincia con mayor
cantidad de denuncias (51 casos), seguida por Monte Cristi (16),
Valverde (12) y Santiago (11).
Otras provincias como San
Cristóbal, Monseñor Nouel, La Vega, Barahona, Constanza, El
Seibo e Independencia reportaron muy pocas denuncias.
Por otro lado, provincias como La
Romana, Peravia, Puerto Plata, San Pedro de Macorís, La
Altagracia, San Juan, María Trinidad Sánchez y Pedernales registraron entre una
y cuatro querellas.
Mientras que Santiago
Rodríguez, Samaná y Azua tuvieron entre seis y nueve denuncias.
Pocos
casos llegan a juicio
Como se explicó, a pesar de la
cantidad de denuncias, solo ocho casos llegaron a la primera instancia.
De ellos, dos corresponden a Santiago
Rodríguez y dos al Distrito Nacional.
Las demás acusaciones avanzadas en
el proceso pertenecen a La Altagracia, Montecristi, San
Pedro de Macorís y Santiago, con un solo caso en cada una.
Deportación
y reincidencia
El exdirector general de Migración,
José Ricardo Taveras, aseguró que todos los haitianos en
condición irregular que son deportados, retornan debido a la falta de una
política coordina de los poderes del Estado.
Para Taveras, las
estructuras que contribuyen a la inmigración haitiana ilegal, son dominicanas
con la cooperación de los haitianos, «eso lo comprobé mil veces».
«Sin
los militares de las fronteras, eso no es posible hacerlo, pero las
estructuras no son necesariamente compuestas por militares, hay civiles», puntualizó.
Medidas
del Gobierno
El Poder Ejecutivo depositó el
lunes, a través del consultor jurídico, un proyecto para
robustecer, ampliar y hacer más eficaz la Ley 137-03 sobre Tráfico
Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.
La propuesta consiste en modificar
los artículos 2, 5,6 y 7 de la normativa.
Con el mencionado proyecto, se
busca endurecer la pena con hasta 40 años de prisión.
Por:
Karina Jiménez.
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