P. RICO: Redadas migratorias ponen en jaque a dominicanos
SAN JUAN, PUERTO RICO. - En Barrio Obrero, un vecindario de mayoría
dominicana en Puerto Rico, el efecto de las redadas migratorias ha sido
paralizador para muchos en el territorio estadounidense.
Casas y negocios lucen desolados, mientras
un camión con altavoces recorre las calles del barrio con un mensaje: “Inmigrantes, ustedes tienen derechos”,
según relata Ariadna Godreau, abogada de derechos humanos en la isla.
La organización sin ánimo de lucro que
Godreau dirige, Ayuda Legal Puerto Rico, contrató el camión conocido
popularmente como tumba coco para concienciar a la gente sobre sus derechos y
anunciar el lanzamiento de una línea de atención telefónica, la primera en
Puerto Rico que ofrece apoyo legal a los inmigrantes.
Más de 300 familias ya han llamado para
hablar con abogados de forma gratuita, con el fin de averiguar sus opciones
legales ante el volátil panorama en materia migratoria, indicó Godreau.
Muchos inmigrantes que residen en Puerto
Rico temen que los esfuerzos de Gobierno de Donald Trump de realizar
deportaciones masivas cambien la forma en que se aplican las leyes en un
territorio que durante mucho tiempo ha sido percibido como un santuario para
los inmigrantes.
Esa percepción comenzó a cambiar el 27 de
enero, la misma semana en la que Trump asumió el cargo. Las autoridades de
inmigración hicieron una redada en Barrio Obrero y arrestaron a más de 40
personas. Testigos le dijeron a Telemundo Puerto Rico, que vieron a agentes
derribar las puertas de varias casas y negocios. Los detenidos fueron esposados
y metidos en camionetas.
En sus 40 años viviendo en Puerto Rico,
Ramón Muñoz, un inmigrante dominicano, había visto a las autoridades detener
esporádicamente a personas indocumentadas, pero nunca “con la agresividad” de esa redada.
Para complicar las cosas, los detenidos son
trasladados al territorio continental de Estados Unidos, a un océano de
distancia de sus familias y de los abogados que gestionan sus casos de
inmigración.
No hay centros de detención permanentes en
la isla que puedan acoger a los detenidos durante períodos prolongados, según
Rebecca González-Ramos, agente especial a cargo de las Investigaciones de
Seguridad Nacional (HSI) en San Juan.
“Esposada
como una criminal”
Aracely Terrero, una de al menos 732
inmigrantes detenidos por las autoridades federales de inmigración en Puerto
Rico en lo que va de año, pasó un mes en tres centros de detención diferentes
en Estados Unidos antes de ser puesta en libertad la semana pasada después de
que un juez de inmigración determinara que nunca debió haber sido detenida.
Un agente de policía de la localidad
costera de Cabo Rojo alertó a las autoridades federales de inmigración sobre
Terrero después de que el oficial la encontrara vendiendo helados en la playa
sin permiso comercial, informó Telemundo Puerto Rico.
Terrero tenía un visado y estaba en proceso
de obtener su residencia permanente o green card cuando fue puesta bajo
custodia de inmigración, dijeron su abogado, Ángel Robles, y Annette Martínez,
directora ejecutiva de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en Puerto
Rico.
Las políticas de Puerto Rico limitan la
coordinación entre las fuerzas del orden locales y las autoridades federales de
inmigración, añadió Martínez.
Sin embargo, la ACLU en Puerto Rico está
viendo más casos en los que se sospecha que la policía local usa perfiles
raciales de los inmigrantes dominicanos antes de alertar a las autoridades
federales de inmigración, lo que reaviva la preocupación por el resurgimiento
de “prácticas policiales discriminatorias” que dieron lugar a reformas
policiales la isla hace una década.
El caso de Terrero también puso de relieve
lo difícil que es para las familias y los abogados seguir la pista de los
detenidos una vez que son enviados a Estados Unidos, añadió Martínez.
“Fue una pesadilla”, aseguró Terrero a Telemundo Puerto Rico
tras su liberación. “Fue un viaje muy
difícil porque nunca me habían arrestado en mi vida. Nunca me había visto así,
con esposas, como una criminal”.
Críticas a la gobernadora
González-Ramos, la agente especial del HSI,
dijo en una entrevista con la radio local la semana pasada que su oficina se
había estado preparando para intensificar los esfuerzos de aplicación de la ley
de inmigración en Puerto Rico desde noviembre. Afirmó que empezaron a “reorganizar”
los recursos y a “cambiar las prioridades” tras la victoria de Trump.
Sin embargo, la gran redada del 27 de enero
fue una sorpresa para la mayoría de la gente. La gobernadora de Puerto Rico,
Jenniffer González-Colón, había tranquilizado a los inmigrantes en una
entrevista con Telemundo Puerto Rico esa misma semana diciendo que Trump sólo
estaba “centrado en lo que está pasando
en México y en Estados Unidos, en esa frontera”.
La gobernadora contribuyó a crear una “falsa sensación de seguridad”, precisó
Godreau. “Redadas consecutivas comenzaron
entonces en zonas históricamente habitadas por la población dominicana”.
A medida que las autoridades de inmigración
intensifican sus esfuerzos en Puerto Rico con redadas en hoteles, obras de
construcción y barrios, más de 500 de los inmigrantes detenidos hasta ahora
proceden de la República Dominicana.
Los dominicanos constituyen la mayor parte
de la población inmigrante de Puerto Rico. Se calcula que en la isla viven más
de 100,000 dominicanos. Se cree que alrededor de un tercio son indocumentados.
Muchos de ellos son propietarios de negocios o trabajan en los sectores de la
hostelería, la construcción y el cuidado de ancianos, dos áreas que sufren
escasez de mano de obra, de acuerdo con Godreau y Martínez.
González-Ramos había dicho que su oficina
detendría a las personas presentes ilegalmente en Puerto Rico, “específicamente aquellas cuyos antecedentes
penales suponen una amenaza para nuestras comunidades y la seguridad nacional”.
Pero sólo el 13% de los 732 inmigrantes
detenidos este año tienen antecedentes penales, según datos de HSI en San Juan.
Tras una citación del Servicio de
Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la Administración de González-Colón,
una republicana que apoya a Trump, entregó recientemente los nombres y
direcciones de 6,000 personas que obtuvieron licencias de conducir bajo una ley
favorable a los inmigrantes de 2013 que permitía obtenerlas a personas sin
estatus migratorio.
González-Colón ha dicho que no desafiará
las políticas migratorias de Trump para no arriesgarse a perder fondos
federales.
“Las actitudes y expresiones de la gobernadora han sido bastante
engañosas”, dijo Martínez, añadiendo que las
jurisdicciones locales con frecuencia desafían y se oponen a las políticas
federales en un esfuerzo por proteger a los residentes locales.
Por: la Redacción.
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