Trump busca quitar ciudadanía a inmigrantes cometan delitos
WASHINGTON: El Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ)
ha ordenado a sus fiscales priorizar la revocación de la ciudadanía
estadounidense a los inmigrantes naturalizados que hayan cometido ciertos
delitos, lo que ha generado críticas entre los defensores de los derechos
civiles.
El fiscal adjunto de la División Civil del
DOJ Brett A. Shumate ha enviado un memorando en el que advierte que su oficina
“priorizará y promoverá al máximo” los procedimientos de desnaturalización en
todos los casos permitidos por la ley y respaldados por pruebas.
El memorando, citado por NBC, instruye a
los fiscales de esa división “promover” la tramitación de todos los casos
viables de desnaturalización, manteniendo la integridad del sistema de
naturalización.
LAS INFRACCIONES
El DOJ detalla 10 infracciones por las que
se puede revocar la ciudadanía a las personas naturalizadas, que van desde
fraude hasta crímenes de guerra.
Las personas que representan un peligro
potencial para la seguridad nacional, incluyendo a aquellas con vínculos con el
terrorismo, el espionaje o que participaron en torturas, crímenes de guerra u
otras violaciones de derechos humanos, hacen parte de las prioridades.
También se incluyen procesos contra
personas que promovieron o fomentaron las actividades de bandas criminales
transnacionales y carteles de la droga, así como los extranjeros que cometieron
delitos graves que no se revelaron durante el proceso de naturalización.
FRAUDE FINANCIERO
Además, el DOJ abrió un frente contra los
ciudadanos naturalizados que participaron en diversas formas de fraude
financiero, incluyendo delitos contra el programa de seguro público Medicaid.
Pero el memorando también establece que se
evaluará “cualquier otro caso” remitido a la División Civil que se considere lo
suficientemente importante como para investigarlo, otorgando a los fiscales del
DOJ mayor discreción sobre cuándo iniciar procesos de desnaturalización.
Organizaciones como la Asociación Nacional
de Abogados de Defensa Penal (NACDL) han condenado la vaguedad y el amplio
alcance de la directiva.
“La iniciativa de la Administración Trump de revocar la ciudadanía es
alarmante y plantea serias preocupaciones en relación con la Decimocuarta
Enmienda”, declaró el presidente de la NACDL,
Christopher Wellborn en un comunicado de prensa.
El abogado dijo que la redacción del
memorando “sugiere” que cualquier delito, en cualquier momento, puede
utilizarse para justificar la desnaturalización.
“No es difícil imaginar un escenario en el que el Gobierno invoque
alegaciones infundadas de afiliación a pandillas… para alegar que la ciudadanía
se obtuvo ilegalmente. La amenaza al debido proceso, especialmente sin la
garantía de representación legal, es incalculable”,
puntualizó.
Por: la Redacción.
No hay comentarios