Comité Codiano demanda del Gobierno pago deuda 300 MM
El arquitecto Emiliano Familia y el ingeniero Miguel
Liberato, directivos del CIC, en un comunicado entregado a
la prensa afirman que desde el año 2020 ha sostenido múltiples encuentros con funcionarios
que han sido empoderados para resolver la deuda vieja con contratistas que
entregaron obras terminadas y que tienen largos años siendo usufructuadas por
el país.
“Reconocemos
que el presidente Abinader ha dado prioridad a este tema, pero la negligencia y
desinterés de algunos funcionarios han convertido esa voluntad política en un
engaño administrativo que perjudica a ciudadanos que trabajaron con honestidad
para el Estado”, expresan los
directivos del comité.
Familia y Liberato señalaron particularmente al
Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED) como la entidad que concentra el
mayor número de expedientes de deuda sin resolver y de acuerdo con su
valoración, en esa institución no solo se ha actuado con lentitud, sino que se
han utilizado “triquiñuelas burocráticas”
para entorpecer el proceso de pago.
DESAPARICIÓN DE DOCUMENTOS
Uno de los hechos más graves denunciados por los
directivos del CIC es la supuesta desaparición de documentos públicos claves
que el Ministerio de Hacienda requiere para tramitar los pagos, pero aseguran
que el MIVED nunca ha realizado una denuncia formal ni ha informado
públicamente de su desaparición.
“Estamos
ante un posible caso de encubrimiento institucional, pues no se trata solo de
negligencia, sino de la posible obstrucción deliberada de un proceso de pago
legítimo y por eso hemos solicitado a la Procuraduría Especializada de
Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) que investigue esta
situación”, dice la declaración
de Familia y Liberato.
Los representantes de los contratistas con deudas viejas
por cobrar recordaron que “la omisión
deliberada y la retención injustificada de documentos públicos podrían
constituir faltas graves conforme a la Ley 41-08 de Función Pública y la Ley
200-04 de Libre Acceso a la Información Pública”.
A seguidas hicieron hincapié en que “después de cinco años, lo que hay es dolor, frustración y una burla
institucional a decenas de contratistas, muchos de ellos adultos mayores, que
entregaron obras y aún esperan que se les pague, por lo que no es posible
hablar de transparencia ni de respeto a la ley mientras se permita esta forma
de impunidad silenciosa”.
El comunicado de los directivos del CIC concluye
reiterando el compromiso de seguir acudiendo a las instancias legales y de movilizar
la conciencia ciudadana para exigir justicia frente a un drama humano que
afecta a profesionales de todo el país.
Por: la Redacción.
No hay comentarios