Casa Blanca defiende «asalto» a nuevo petrolero de Venezuela
EUROPA PRESS:
WASHINGTON. - La Casa
Blanca ha asegurado este domingo que la incursión efectuada esta pasada tarde
por la Guardia Costera de EEUU en el petrolero ‘Centuries’ cerca de Venezuela
entra dentro de la legalidad a pesar de que el barco no figura en la lista de
navíos sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del
Departamento del Tesoro.
La portavoz adjunta de la Casa Blanca, Anna Kelly, ha indicado
que el petrolero «transportaba petróleo
de PDVSA bajo sanciones» (la empresa estatal venezolana Petróleos de
Venezuela) y que «es un navío de falsa
bandera que operaba como parte de la flota en la sombra venezolana para
traficar con crudo robado y financiar el régimen narcoterrorista» del
presidente venezolano, Nicolás Maduro.
Kelly ha publicado este mensaje en X para salir al paso de una
serie de informaciones del ‘New York Times’ y del ‘Washington Post’ que ponían
en tela de juicio la legalidad de la operación. El ‘Centuries’, según fuentes
del diario neoyorquino, pertenece a un comerciante con base en China,
especializado en el traslado de crudo desde Venezuela a las refinerías del
gigante asiático.
Además, el barco tiene bandera panameña, a diferencia del caso
del petrolero ‘Skipper’, abordado por EEUU el 10 de diciembre, que sí había
sido sancionado por el Tesoro y que, además, navegaba con una falsa bandera de
Guyana, como indicaron sus autoridades. Para terminar de complicar la
situación, fuentes oficiales han confirmado al ‘New York Times’ que los
guardacostas no tenían una orden de registro para entrar en el ‘Centuries’ e
investigar su carga, como sí ocurrió con el ‘Skipper’.
El petrolero transportaba unos dos millones de barriles de crudo
venezolano, según fuentes de la agencia Bloomberg, y su tripulación comprende
unos 40 marineros, la mayoría de nacionalidad china.
Dadas estas circunstancias, fuentes oficiales estadounidense
bajo condición de anonimato han explicado al diario ‘Washington Post’ que el
abordaje de los guardacostas estadounideses está amparado en realidad por una
ley marítima conocida como «derecho de visita», por la que un buque de guerra
puede efectuar una inspección en un navío con solo la mera sospecha de que está
involucrado en actividades ilicitas.
Por todo ello, el Gobierno de Venezuela ha terminado condenando
la incursión directamente como un «robo»
de sus activos y un «secuestro» acompañado
de la «desaparición forzada de su
tripulación, cometidos por efectivos militares de los Estados Unidos de América
en aguas internacionales», reza el comunicado emitido por el Gobierno de
Nicolás Maduro.
Las autoridades venezolanas han calificado de «piratería» esta nueva confiscación que,
a juicio de Caracas, incumple varias normas del Derecho Internacional y supone
una «flagrante comisión» de un «delito».
El Ejecutivo venezolano «ejercerá
todas las acciones correspondientes» para que estos actos no queden «impunes», entre ellas interpondrán una
denuncia ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y otros organismos
internacionales.
La Embajada de China en Washington ha explicado a la agencia
Bloomberg que no tiene ninguna información que aportar sobre el abordaje del
‘Centuries’ y se ha limitado a recordar su posición oficial sobre Venezuela.
«Por principio, China se opone firmemente a las sanciones
unilaterales y a esta ‘jurisdicción de brazo largo’, que carecen de fundamento
en el derecho internacional y no están autorizadas por el Consejo de Seguridad
de la ONU», declaró el
portavoz de la embajada, Liu Pengyu.
«Venezuela tiene derecho a buscar una cooperación mutuamente
beneficiosa con otros países según sus propias decisiones», ha añadido.
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