Caso Tenguerengue. Tribunal sanciona a Hubieres y Fenatrano; socios exigen explicación de 800 millones de pesos

SAN JUAN DE LA MAGUANA, RD.  - Tras más de dos décadas de reclamos ignorados, un tribunal del Distrito Nacional ordenó a Juan Hubieres Del Rosario y a la Federación Nacional de Transporte la Nueva Opción (Fenatrano) rendir cuentas por la administración de recursos y bienes pertenecientes a la Asociación de Dueños de Minibuses San Juan (ASODUMIN–Tenguerengue), en un caso que ha generado profunda preocupación entre los socios y que trasciende el ámbito de un conflicto privado.

De acuerdo con los demandantes, en el año 2003, ASODUMIN–Tenguerengue suscribió un convenio mediante el cual Fenatrano, representada por Juan Hubieres, recibió RD$2,350,000.00 y asumió la administración total de varias terminales de transporte, incluyendo las ubicadas en Santo Domingo, específicamente en Ana Valverde y Pintura, respectivamente.

Los socios aseguran que, desde entonces, durante 22 años, Juan Hubieres, junto a Antonio Brito y otros directivos, habrían manejado más de RD$800 millones sin presentar informes financieros, balances, ni rendiciones de cuentas formales a la asamblea de la asociación.

“Se han comportado como si fueran los dueños de nuestras propiedades y como si los socios fuéramos empleados”, denuncian los reclamantes.

Denuncias de irregularidades y represalias

Según el documento judicial y los testimonios de los socios, la falta de transparencia habría permitido la realización de maniobras administrativas e irregularidades, presuntamente con el respaldo de Juan Óscar Familia, Fernando Antonio Báez, Michael Burgos y Wilkin Suero Turbi.

Los demandantes afirman que, aunque algunas situaciones internas se resolvieron tras diversas acciones judiciales, también se produjeron represalias contra los socios que exigían cuentas claras, lo que agravó el conflicto institucional.

Traspaso de terrenos sin autorización

Uno de los señalamientos más delicados del proceso es la denuncia de que Juan Hubieres Del Rosario habría traspasado terrenos propiedad de ASODUMIN —los mismos vinculados al convenio original— a nombre del Consorcio de Guaguas Azules, entidad que, según los socios, estaría controlada por el propio Hubieres y Antonio Brito.

Este traspaso, sostienen, se habría realizado sin el consentimiento ni la aprobación de una asamblea general, lo que habría violado los estatutos y los derechos colectivos de los miembros de la asociación.

Decisión judicial contundente

Ante la negativa reiterada a rendir cuentas, la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional acogió la demanda interpuesta por ASODUMIN y ordenó formalmente a Juan Hubieres y a Fenatrano presentar la rendición de cuentas completa de la administración asumida desde 2003.

Como medida excepcional, el juez:

·         Se autodesignó como juez comisario, para supervisar directamente el cumplimiento de la decisión.

·         Impuso una astreinte de RD$10,000 diarios por cada día de retraso en la entrega de los informes requeridos.

Estas disposiciones, según el tribunal, reflejan la gravedad del incumplimiento, la resistencia prolongada a la transparencia y la necesidad de una intervención judicial estricta.

Caso de interés público

Aunque la sentencia no adelanta juicios penales, el proceso presenta elementos que —según los demandantes— ameritan la atención de los órganos de control del Estado, al involucrar:

·         Administración prolongada de recursos colectivos

·         Ausencia total de rendiciones de cuentas periódicas

·         Concentración de funciones administrativas

·         Necesidad de coerción judicial para garantizar transparencia

El documento para la prensa fue firmada por los socios demandantes: Máximo Mora, Tirso Peña, Rosendo Suero, Plinio Alcántara y Ferinso Turbi (este último no estuvo presente al momento de la firma).

Por: Héctor Solís.