El bullying una amenaza silenciosa que destruye vidas
En días recientes han circulado rumores sobre la muerte por ahogamiento
de una estudiante, y se presume que detrás de este trágico hecho podría haber
existido algún tipo de acoso por parte de compañeros de clase.
Ante la gravedad de estas versiones y la necesidad de aportar claridad y
contexto a un fenómeno que afecta profundamente a nuestra juventud, me veo en
la obligación moral y profesional de ofrecer este análisis.
El bullying es una forma de violencia sistemática, repetida y deliberada
contra una persona percibida como vulnerable. Se manifiesta en burlas,
exclusión, amenazas, agresión física o verbal y, en la era digital, en el
ciberacoso.
Lejos de ser “cosas de muchachos”, sus efectos son profundos y
duraderos; trastornos de ansiedad, depresión, fracaso escolar, conductas
autolesivas e, incluso, muertes asociadas a la conducta suicida o a
circunstancias extremas derivadas del acoso.
La realidad dominicana obliga a actuar
Los estudios y diagnósticos señalan que el problema es grave en nuestro
país. Informes nacionales y regionales muestran altos niveles de acoso escolar
y exclusión entre estudiantes, cerca de cuatro de cada diez alumnos han
declarado sentirse excluidos o marginados en el centro escolar, una cifra que
exige atención.
Además, el análisis regional colocó a República Dominicana entre los
países con mayor nivel de bullying en escolares de 12 años en la comparación
con otras naciones de la región. Estos indicadores describen un panorama de
vulnerabilidad emocional que tiene consecuencias tangibles en la salud mental
juvenil.
En respuesta a esta situación, el Senado aprobó en junio de 2024 la
incorporación al Código de Niños, Niñas y Adolescentes de una disposición que
prohíbe el acoso o intimidación escolar (“bullying”) y que obliga a establecer
protocolos de denuncia y protección en los centros educativos.
Esa decisión legislativa es un paso necesario, pero no suficiente si no
se acompaña de recursos, formación y supervisión efectiva.
Un caso reciente que conmueve y exige respuestas
La semana pasada, la muerte por ahogamiento de una niña de 11 años
durante una excursión escolar reabrió este debate en voz alta, la familia de la
menor denuncia que la víctima había sufrido acoso en la escuela, y reclama
explicaciones sobre las circunstancias del hecho y el acceso a las pruebas audiovisuales
del momento.
Casos como este, cuando se vinculan a presuntas situaciones de bullying,
muestran cómo la indiferencia institucional y la demora en investigar pueden
transformarse en agravantes del daño. Las autoridades deben investigar con
rapidez, transparencia y garantías de protección para la familia y los
testigos.
Los datos nacionales sobre suicidio en adolescentes y jóvenes revelan
una realidad alarmante, en los últimos años la tasa de suicidios ha mostrado
cifras que obligan a tomar medidas integrales de salud pública.
La evidencia internacional y local vincula el acoso sostenido con
ideación suicida, autolesiones y empeoramiento de trastornos mentales en
jóvenes. Ignorar la relación entre bullying y salud mental equivale a
normalizar una cadena de daños que puede terminar en pérdida de vidas
El abordaje exige acciones simultáneas y sostenidas. Entre las medidas
urgentes y prácticas que deben desplegarse se destacan:
1.
Protocolos obligatorios y vigentes en todas las escuelas (públicas y
privadas) para detección, denuncia y protección de víctimas.
2.
Formación permanente a docentes, directores y personal de apoyo para
identificar señales de acoso y atender crisis emocionales.
3.
Programas de intervención psicosocial en los centros, equipos de
orientación escolar, psicólogos y trabajadores sociales accesibles para alumnos
y familias.
4.
Campañas públicas de sensibilización dirigidas a estudiantes, padres y
comunidad educativa que deslegitimen la violencia como ocio o “bromas”.
5.
Mecanismos de denuncia seguros y anónimos, con seguimiento público y
sanciones claras para agresores (restaurativas y, cuando proceda, sanciones
legales).
6.
Incorporación del bullying en las agendas de salud mental, inversión en
prevención y tratamiento, líneas de ayuda y atención 24/7 para jóvenes en
crisis.
7.
Supervisión y evaluación de la aplicación de la ley aprobada en 2024,
fondos, indicadores y rendición de cuentas.
La respuesta es colectiva. Las familias deben mirar con atención, sin
culpar a la víctima, y buscar ayuda profesional ante señales de aislamiento,
cambios de conducta o autolesiones. Las escuelas deben actuar como garantes del
ambiente seguro.
Los medios y las redes deben evitar la estigmatización y exigir
investigaciones responsables, la información puede proteger o revictimizar;
elegir el camino responsable es una obligación ética.
El bullying no es una anécdota ni una fase pasajera, es una falla del
tejido social que fractura trayectorias vitales y deja marcas imposibles de
borrar. Las recientes tragedias y las cifras nacionales obligan a una reacción
decidida, leyes, presupuesto, formación, atención psicológica y, sobre todo,
una cultura que no tolere la violencia.
No es suficiente aprobar normas, debemos implementarlas con rigor. Si
seguimos esperando, corremos el riesgo de normalizar más pérdidas. No podemos
permitirlo.
Por: Ramón Ceballos.
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