Garantía económica empleadas colegio por muerte Stephora

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, RD. - La jueza de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago, Yerixa Cabral, impuso una garantía económica de 500,000 pesos y presentación periódica a tres de las cuatro empleadas del Instituto Integral Leonardo Da Vinci imputadas por la muerte de la niña Stephora Anne-Mircie Joseph durante una excursión escolar, decisión que será apelada por el Ministerio Público.

Son ellas Yris del Carmen Reyes Adames, Francisca Josefina Tavárez Vélez y Vilma Altagracia Vargas Morel, quienes deberán hacer el pago a través de una compañía aseguradora.

En el caso de la directora del centro educativo, Gisela González, el tribunal dispuso libertad pura y simple al considerar que el Ministerio Público no presentó ninguna prueba que la vincule con el hecho.

LA DIRECTORA NO ESTABA EN EL LUGAR DE LOS HECHOS

La abogada María del Pilar Zuleta, representante de una de las imputadas, afirmó que la decisión fue correcta y se ajusta al derecho.

«Nuestra representada, la señora Gisela González, era señalada por el Ministerio Público como la directora del colegio. Sin embargo, el tribunal entendió que no se depositó ni una sola prueba que la conecte con lo ocurrido», explicó.

Añadió que los elementos presentados demostraron que González no estaba presente en el lugar cuando ocurrió la tragedia, razón por la cual la jueza consideró que no había motivos para imponerle una medida de coerción.

MINISTERIO PUBLICO APELARÁ MEDIDA

De su lado, la magistrada Olga Dina Llaverías informó que el Ministerio Público no comparte la decisión y que recurrirá una vez reciba la notificación oficial.

Los abogados de la familia, Miguel Valdemar Díaz y Shesnel Calcaño, calificaron la medida como insuficiente y denunciaron que los directivos reales del colegio quedaron fuera del proceso.

Aseguraron que existió una cadena de negligencias y que el centro operaba excursiones sin protocolos de seguridad.

SE QUERELLAN CONTRA ADMINISTRADORES DEL CENTRO

Los juristas depositaron una querella y solicitud de coerción contra los administradores del colegio y de la hacienda donde ocurrió el hecho, tras certificarse que el lugar no tenía condiciones para recibir niños.

La familia reiteró que no descansará hasta que “los verdaderos responsables enfrenten a la justicia”.

 

Por Ali Núñez.