PNUD ve avances significativos en Justicia de Rep. Dominicana
Santo Domingo, RD. - Un nuevo análisis del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) muestra «avances
significativos» en la transformación institucional y eficacia de la
Justicia en República Dominicana, así como en su capacidad resolutiva, mientras
señala «desafíos persistentes» de
carácter estructural que limitan el acceso efectivo.
El documento ‘Transformando la
Justicia: del progreso institucional al desarrollo humano’, elaborado con datos
del Poder Judicial y otras fuentes oficiales, destaca que el país ha logrado
progresos innovadores en transformación digital, gestión judicial y avance en
cumplimiento de plazos, precisó este lunes la oficina en Santo Domingo del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Estos resultados han sido
reconocidos también a nivel internacional: de acuerdo con el Índice de Estado
de Derecho del World Justice Project 2025, la República Dominicana se posiciona
en el puesto 76 de 143 países, con una mejora del 2.1% en su puntuación
general, destacándose como un caso positivo en un contexto global de deterioro
institucional.
Entre los hitos más
relevantes, de acuerdo a la información, se encuentran la implementación de la
Ley 339-22, que regula el uso de medios digitales en los procesos judiciales, y
la firma digital de más de 3 millones de documentos, con aproximadamente un 66
% de los trámites procesados electrónicamente. Asimismo, existe una reducción
de 21.6 días en la solución de asuntos judiciales.
Según el documento, y
partiendo de datos oficiales, el sistema ha logrado, a través de un proceso de
cambios desde el 2020, una capacidad resolutiva que supera en promedio el 94.9
% de soluciones a nivel nacional, aunque con diferencias a nivel de los
territorios en lo que respecta a capacidades operativas y otras brechas de
desarrollo.
En ese sentido, el Distrito
Nacional, provincia de desarrollo humano alto, registra una tasa de resolución
de 100.5 %, mientras que la provincia de Santo Domingo y Montecristi, con desarrollo
humano medio bajo, y bajo, respectivamente, reportan un 90.8 % y 87.9 % cada
una.
El documento agrega que las
evidencias recolectadas permiten poner atención sobre las brechas territoriales
afirmando que el acceso a la justicia no es una abstracción jurídica; es una
experiencia vinculada a la proximidad geográfica, la disponibilidad de
servicios judiciales y la capacidad de respuesta local.
El análisis se complementa con
un estudio de opinión no representativo que permitió conocer opiniones asociadas
al uso, experiencia y percepción de los servicios judiciales, evidenciando la
importancia de utilizar procesos de escucha activa que acerquen los servicios y
procesos con las necesidades de las poblaciones usuarias.
El PNUD afirma que uno de los
resultados a mencionar es que 36.3 % de personas usuarias consultadas
reportaron haber enfrentado algún obstáculo en sus procesos judiciales, citando
en orden de prioridad: demoras en los tiempos de solución de los casos, costos
legales y deficiencias en la atención.
También revela que, de las
personas consultadas en el sondeo, siete de cada diez desconocen la existencia
de servicios digitales para consultar sus casos o realizar trámites, lo que
muestra la importancia de dar a conocer las distintas modalidades de acceso que
generarían mayor autonomía y empoderamiento de las personas usuarias.
“Robustecer las capacidades del sistema judicial no debe entenderse como
un gasto, sino como una inversión pública estratégica. Una justicia ágil,
accesible y predecible es un habilitador indispensable para el desarrollo
humano, en coherencia con la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, Meta RD
2036 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”, destaca el informe.
El documento, además de
analizar resultados y examinar brechas, y sobre la base de experiencias
regionales, entre otras, propone una serie de recomendaciones asociadas a
fortalecer y ampliar los avances y reducir barreras de acceso y respuesta en
los servicios.
Por: la Redacción.
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