RD, Costa Rica y Ecuador piden liberar buque que incautó Irán
Santo Domingo, RD. - Los Gobiernos de República Dominicana, Costa Rica y
Ecuador condenaron este viernes «en los
términos más enérgicos» la incautación de un buque con bandera panameña por
parte de Irán en el estrecho de Ormuz y exigieron su «liberación inmediata».
El buque MSC-Francesca, de
bandera de panameña y propiedad italiana, fue incautado este miércoles de
manera «ilegal» por parte de Irán cuando transitaba alrededor del estrecho de
Ormuz, informó la cancillería de Panamá.
En un comunicado conjunto, los
gobiernos de República Dominicana, Costa Rica y Ecuador exigieron la «liberación inmediata del buque y de su
tripulación», así como el «cese de
toda acción que vulnere la libre navegación en aguas internacionales».
Consideraron que dicho acto
constituye una violación «inaceptable» del
derecho internacional y un «desafío
directo a uno de los principios esenciales del orden jurídico global: la
libertad de navegación».
VULNERA DERECHOS
SOBERANOS DE PANAMA
La acción de Irán «no solo vulnera los derechos soberanos de
Panamá como Estado de abanderamiento», sino que «compromete gravemente la seguridad» de una de las rutas marítimas
más críticas para el comercio y la estabilidad energética mundial, indicaron.
Recordaron que la libertad de
navegación —incluido el derecho de paso inocente y el «régimen de tránsito en tránsito por los estrechos utilizados para la
navegación internacional»— está
«universalmente reconocida y jurídicamente consagrada» en la Convención de
las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
TRANSGRESION
DELIBERADA VULNERA CONFIANZA SISTEMA
«Su respeto no es opcional ni sujeto a interpretaciones unilaterales. Su
transgresión deliberada erosiona la confianza en el sistema internacional y
sienta un precedente peligroso que la comunidad de naciones no puede tolerar», advirtieron los tres países.
Asimismo, llamaron la atención
sobre el uso de la fuerza o de medidas coercitivas contra embarcaciones civiles
en tránsito internacional, lo que constituye una «escalada inaceptable» e «incompatible
con las obligaciones internacionales que rigen el comportamiento de los
Estados».
«Ningún país puede arrogarse la facultad de interrumpir arbitrariamente el flujo del comercio marítimo global ni de instrumentalizar los estrechos internacionales con fines de presión política o estratégica», expresaron.
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