Movimiento exige cancelación definitiva del proyecto Romero tras Gobierno suspenderlo

SAN JUAN DE LA MAGUANA, RD. - El presidente Luis Abinader ordenó la víspera la suspensión inmediata de todas las actividades del proyecto minero Romero, operado por la empresa GoldQuest Mining Corp., en una decisión que marca un giro significativo en el conflicto socioambiental que se desarrolla en la provincia San Juan.

La medida se produce luego de intensas jornadas de protesta en la región, donde miles de ciudadanos se movilizaron en defensa del agua y en rechazo a la explotación minera en la Cordillera Central. Las manifestaciones, organizadas por el Movimiento Suroeste Unido por el Agua y la Vida, presionaron al Gobierno a revisar la continuidad del proyecto.

Las autoridades reiteraron que la iniciativa minera no cuenta con permiso de explotación y que se encontraba únicamente en fase de evaluación ambiental, lo que refuerza el carácter preventivo de la decisión adoptada por el Poder Ejecutivo.

Celebración popular y reclamos pendientes

Tras el anuncio, se registraron celebraciones en distintos puntos de San Juan de la Maguana, especialmente en el emblemático Arco del Triunfo, donde ciudadanos se congregaron para expresar su respaldo a la medida.

Dirigentes del movimiento ambiental valoraron la suspensión como un paso positivo, señalando que “devuelve la paz” a la región y representa una victoria del pueblo en defensa de los recursos naturales. No obstante, advirtieron que el conflicto no está cerrado.

Entre sus principales exigencias figura la emisión de un decreto que establezca la cancelación definitiva del proyecto, así como el retiro inmediato de todos los equipos e infraestructuras de la empresa minera en la zona de Romero.

Exigen salida total de GoldQuest y protección del agua

El Movimiento Suroeste Unido por el Agua y la Vida mantiene una agenda de demandas que incluye la salida definitiva de GoldQuest Mining Corp. del área, la protección integral de las fuentes hídricas —entre ellas la presa de Sabaneta— y la garantía de que no se otorgarán permisos de explotación minera en la zona.

Asimismo, no descartan recurrir a instancias legales o constitucionales en caso de que el proyecto intente reactivarse, argumentando la necesidad de salvaguardar ecosistemas estratégicos y el acceso al agua para las comunidades.

Movilización sostenida en la región

El conflicto ha estado precedido por una escalada de protestas en los últimos días. El pasado 3 de mayo, organizaciones sociales realizaron una masiva marcha que recorrió desde el recinto local de la UASD hasta la presa de Sabaneta, pasando por el Arco del Triunfo.

Las acciones de presión incluyeron además un paro regional, así como semanas de movilización continua, en las que se ha advertido sobre los posibles impactos ambientales de la minería en la Cordillera Central y en la cuenca del río Yaque del Sur.

Un conflicto en fase decisiva

El tema de fondo continúa siendo la defensa del agua frente a la actividad minera en una de las zonas ecológicas más importantes del país. Comunidades, organizaciones sociales, sectores religiosos y profesionales han asumido un rol activo en la defensa del territorio.

En este contexto, la suspensión del proyecto representa una concesión parcial del Gobierno ante la presión social, mientras que el movimiento la considera una victoria inicial, aunque insuficiente.

La principal interrogante ahora gira en torno a si la medida será temporal o si derivará en una prohibición definitiva de la explotación minera en la zona, en un debate donde también incide el marco constitucional que prioriza el agua como bien público.

 

Por: la Redacción.