Violencia marca el día a día en República Dominicana
La violencia parece avanzar con una normalidad
preocupante en la República Dominicana; homicidios, feminicidios y agresiones
forman parte de una rutina que refleja un deterioro progresivo de la
convivencia social y una creciente sensación de inseguridad.
En solo un día, los reportes
oficiales muestran la magnitud del problema: una mujer condenada por atacar con
un bisturí a una niña en una escuela de Azua; un hombre sentenciado por mutilar
a otro con un machete; un imputado por asesinar a su pareja en Santo Domingo
Este; un agente policial acusado de matar a su compañera sentimental e intentar
ejecutar a un familiar.
Los casos aparecen uno tras
otro, casi sin pausa, hasta convertirse en parte habitual del panorama
nacional.
La situación adquiere mayor
gravedad cuando se observa que los hechos ya no se limitan a escenarios
vinculados con el crimen organizado o la delincuencia común.
Las agresiones ocurren dentro
de hogares, centros educativos, barrios y en las relaciones de pareja,
evidencia de una crisis social mucho más profunda y compleja.
FEMINICIDIOS
ENCIENDEN LAS ALARMAS
Los recientes asesinatos de
mujeres registrados en Santo Domingo Este han vuelto a encender las alarmas.
El homicidio de Esmeralda Moronta la semana pasada
provocó indignación nacional, porque la víctima acudió horas antes a una unidad
especializada del Ministerio Público para denunciar intimidación y solicitar
protección contra su expareja.
Poco después la muchacha de 33
años y madre de dos menores fue perseguida y asesinada a tiros en un colmado
(tienda de barrio) del sector Alma Rosa.
Tras el crimen, la procuradora
general Yeni Berenice Reynoso ordenó investigar si la Unidad Integral de
Atención a la Violencia de Género agotó todos los protocolos de resguardo
establecidos para casos de alto riesgo.
La medida evidenció la
preocupación institucional sobre posibles fallas en los mecanismos de
prevención y respuesta.
Sin embargo, antes de que el
país terminara de asimilar ese evento, otro crimen volvió a registrarse en
Santo Domingo Este.
Indhira Carolina Beltré, de 33
años, murió presuntamente a manos del hombre con quien tuvo una relación,
Camilo Rodríguez, en el sector La Toronja. El hecho ocurrió menos de 72 horas
después del asesinato de Moronta y dejó nuevamente a dos niñas en la orfandad.
Para la periodista y activista
afro Maribel Núñez, el problema tiene raíces culturales profundas asociadas al
machismo estructural que continúa marcando las relaciones entre hombres y
mujeres en la sociedad dominicana.
Núñez expresó a Prensa Latina
que muchas mujeres son criadas bajo patrones culturales que las reducen a su
condición de género y les enseñan a depender económicamente de un hombre,
mientras a los varones se les inculca el papel de proveedores, pese a que
actualmente más de la mitad de los hogares del país son sostenidos y dirigidos
por ellas.
Consideró que ese modelo
patriarcal alimenta situaciones de violencia y limita la construcción de
relaciones basadas en el respeto y la igualdad.
Asimismo, sostuvo que desde el
Estado no existe una política educativa para enfrentar el problema con
profundidad.
Según explicó la destacada
luchadora por los derechos humanos, los intentos de implementar programas de
educación con enfoque de género, dirigidos a promover justicia social desde las
aulas, han encontrado resistencia en sectores conservadores con influencia
política y social.
La cercanía entre ambos
sucesos profundizó el debate acerca de la efectividad de las políticas de
prevención y sobre la necesidad de fortalecer la protección a féminas que
enfrentan amenazas o agresiones.
También aumentó la percepción
de que el ultraje machista continúa expandiéndose, pese a algunas campañas
institucionales, órdenes de alejamiento y unidades especializadas.
Hasta mayo de este año se
contabilizan 30 mujeres asesinadas por parejas o exparejas, frente a 22 casos
registrados en el mismo período de 2025, lo que confirma la tendencia al alza
de la violencia machista.
El dato más alarmante es que
el 86 por ciento de las víctimas no había presentado acusación previa contra su
agresor, lo que dificulta la intervención temprana de las autoridades.
«Muchas mujeres no denuncian,
porque sienten miedo de las represalias, no siempre confían en que las
autoridades les van a proteger de verdad, o piensan que no va a pasar nada.
También influyen la dependencia económica o la presión social», expresó una
vecina consultada de manera informal por Prensa Latina.
El Distrito Nacional y la
provincia Santo Domingo concentraron 41 por ciento de los episodios, con cinco
y cuatro, respectivamente. La mayoría de ellas tenía de 18 a 35 años, rango de
edad que también predominó entre los agresores.
En 12 de estos el responsable
era su compañero sentimental y en ocho la expareja, mientras que las armas
blancas y de fuego figuraron entre los métodos más utilizados.
El informe también reveló que
en los primeros tres meses del año se presentaron más de 17 mil denuncias por
violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales en el país.
Las autoridades emitieron unas
siete mil 700 órdenes de protección provisionales, aunque solo dos mil 234 se
convirtieron en medidas formales aprobadas por tribunales, de acuerdo con
cifras oficiales.
Los datos reflejan la
persistencia del maltrato contra la mujer y los desafíos que encara el sistema
de cobertura, especialmente cuando la mayoría de las víctimas nunca llegó a
reportar formalmente a sus agresores.
NORMALIZACION
PREOCUPANTE DE LA AGRESIVIDAD
Pero el problema trasciende
los feminicidios. Analistas y especialistas advierten que República Dominicana
enfrenta una normalización preocupante de la reacción hostil. Conflictos
cotidianos terminan en ataques mortales, discusiones familiares escalan
rápidamente hacia hechos violentos y la intolerancia parece ganar espacio en
distintos ámbitos de la sociedad.
La facilidad de acceso a armas
de fuego y armas blancas, el deterioro de la salud mental, el consumo de
sustancias, las tensiones económicas y la falta de mecanismos eficaces de mediación
también aparecen entre los factores que alimentan esta crisis.
A esto se suma el impacto de
entornos sociales donde la brutalidad muchas veces se reproduce como forma
habitual de resolver controversias.
La procuradora general de la
República advirtió recientemente que el sistema de justicia enfrenta límites
estructurales para contener la progresiva inseguridad que afecta al país y
afirmó que la solución de fondo debe construirse desde la familia, las escuelas
y el tejido social.
Las declaraciones de la
magistrada reabre un debate que desde hace años permanece en discusión en
República Dominicana: el alcance real de las instituciones judiciales frente al
deterioro de la convivencia social y al aumento de conductas perturbadoras que
impactan a las comunidades.
Reynoso reiteró además su
propuesta de impulsar un Pacto de Estado contra la violencia y la criminalidad,
una iniciativa que busca involucrar a todos los sectores y mantenerse más allá
de los períodos gubernamentales y los ciclos electorales.
«Le llamamos Pacto de Estado
porque tiene que participar toda la sociedad: juntas de vecinos, iglesias,
escuelas y todos los sectores representativos», explicó la magistrada.
La procuradora insistió en que
el compromiso para lidiar con estas manifestaciones debe colocarse por encima
de diferencias políticas o partidarias.
«No importa el presidente ni el partido que gobierne; lo importante es
que como país definamos el modelo de ciudadanos que queremos construir», expresó.
VIOLENCIA CON IMPACTO SOCIAL
Detrás de cada expediente existen familias destruidas,
niños marcados por el trauma y comunidades que viven bajo miedo e
incertidumbre.
Cada muerte por motivos de
género deja hijos huérfanos; cada homicidio impacta barrios enteros; cada
agresión alimenta la percepción de incertidumbre que afecta la vida cotidiana
de miles de personas.
Las respuestas no pueden
limitarse únicamente a condenas judiciales después de ocurridas las tragedias.
El país necesita fortalecer la prevención, ampliar la atención en salud mental,
mejorar el control de armas, reforzar la educación en valores y desarrollar
políticas públicas capaces de actuar antes de que los conflictos desemboquen en
violencia extrema.
También resulta urgente
recuperar la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de defender a
las amenazadas y garantizar seguridad.
Cuando una mujer denuncia y
posteriormente pierde la vida, o cuando las disputas se repiten casi a diario,
la sensación de vulnerabilidad colectiva aumenta.
República Dominicana afronta
hoy un desafío que supera el ámbito policial y judicial. Se trata de una crisis
social que exige respuestas integrales y sostenidas desde el Estado, las
familias, las escuelas y la ciudadanía en general.
Mientras la violencia continúe
acumulando víctimas día tras día, el país seguirá atrapado en una espiral de
dolor, temor e incertidumbre.
Por: Mariela Pérez Valenzuela.
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