Prevenir crisis de salud mental exige actuar sobre sus causas

La salud mental constituye uno de los principales desafíos de salud pública de la República Dominicana. Sin embargo, durante décadas, las políticas implementadas han estado orientadas principalmente a responder a las crisis psiquiátricas, las hospitalizaciones y las emergencias emocionales, más que a intervenir sobre las causas que generan gran parte del sufrimiento psicológico de la población.

Aunque la atención especializada es indispensable, resulta insuficiente cuando factores como la pobreza, el desempleo, la violencia intrafamiliar, la inseguridad ciudadana, el consumo de sustancias y la exclusión social continúan afectando la vida de miles de personas. La evidencia científica demuestra que muchos trastornos mentales están estrechamente relacionados con estas condiciones, por lo que la prevención debe convertirse en el eje central de cualquier política pública en esta materia.

La realidad muestra que gran parte de las personas que llegan a una emergencia psiquiátrica han convivido durante años con situaciones de estrés, conflictos familiares, precariedad económica o experiencias traumáticas que nunca fueron atendidas oportunamente. Cuando el sistema interviene únicamente en la fase crítica, actúa sobre las consecuencias y no sobre las causas.

Por ello, una de las principales prioridades nacionales debe ser integrar la salud mental al primer nivel de atención. Necesitamos pasar de un modelo reactivo a una estrategia preventiva e integral de salud mental. Para eso los centros de atención primaria pueden desempeñar un papel decisivo en la detección temprana de la depresión, la ansiedad, las adicciones y el riesgo suicida. Identificar estos problemas a tiempo reduce complicaciones, hospitalizaciones y costos humanos y económicos.

Asimismo, resulta indispensable ampliar la capacidad de atención en crisis mediante más unidades especializadas, equipos comunitarios de intervención y servicios accesibles en todo el territorio nacional. Sin embargo, ninguna expansión será suficiente si no se fortalecen simultáneamente las acciones preventivas y comunitarias.

Una situación que merece especial atención es la de las personas privadas de libertad. Diversos estudios han demostrado que la población penitenciaria presenta mayores niveles de depresión, ansiedad y estrés postraumático que la población general. Además, las condiciones del encarcelamiento pueden favorecer secuelas psicológicas como hipervigilancia permanente, miedo constante, insomnio, irritabilidad y dificultades para confiar en los demás.

Esta realidad obliga a preguntarse si el sistema penitenciario está logrando realmente rehabilitar a quienes cumplen condena. La reinserción social requiere mucho más que el cumplimiento de una pena; exige acceso a atención psicológica, tratamiento de adicciones, educación y programas de acompañamiento que faciliten el retorno a la vida comunitaria.

Otro obstáculo importante continúa siendo el estigma asociado a los trastornos mentales. Muchas personas retrasan la búsqueda de ayuda por temor a la discriminación o al rechazo social. Combatir estos prejuicios requiere educación, campañas permanentes de sensibilización y una mayor participación de las comunidades en la promoción del bienestar emocional.

A estas limitaciones se suma la insuficiente inversión pública en salud mental y la escasez de profesionales especializados. Organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud han insistido en la necesidad de aumentar los recursos destinados a prevención, atención comunitaria y servicios especializados. Sin embargo, la disponibilidad de psiquiatras, psicólogos clínicos y otros profesionales sigue siendo insuficiente para responder a la creciente demanda de atención.

La salud mental no puede seguir siendo entendida exclusivamente como la atención de enfermedades o crisis psiquiátricas. Debe asumirse como una responsabilidad colectiva que involucra educación, empleo, vivienda, seguridad, justicia y desarrollo social. Prevenir las crisis comienza por enfrentar los factores sociales e institucionales que las generan. Solo así será posible construir una sociedad más saludable, inclusiva y capaz de responder eficazmente a los desafíos emocionales de nuestro tiempo.

Por: Ramón Ceballo.