“Reparación de vehículos y de motocicletas”, entre lo más común del trabajo infantil en RD
Llegan las vacaciones de verano y, en lugar de
disfrutarlas entre juegos, descanso y actividades recreativas, muchos niños
pasan sus días en las principales
avenidas de la ciudad trabajando.
En los semáforos se les observa limpiando parabrisas,
mientras que otros recorren las calles vendiendo frutas y diversos productos
bajo el intenso sol. También se registran casos de mendicidad, donde menores
acompañan a adultos o permanecen solos solicitando
ayuda económica a conductores y transeúntes.
Los datos más actualizados en República Dominicana
sobre trabajo infantil fueron publicados en la Encuesta Nacional de Hogares
de Propósitos Múltiples con la metodología de Encuestas de
Indicadores Múltiples por Conglomerados en 2019 (Enhogar-Mics), los cuales
señalan que el porcentaje de niños, niñas y adolescentes en situación de
trabajo infantil alcanzaba un 3.8 % para entonces.
Desde esa fecha se han producido cambios
significativos y, según el ministro de Trabajo, Eddy Olivares, la incidencia del trabajo infantil debe ser considerablemente menor en la actualidad, debido a
“la reducción de los niveles de pobreza, la ampliación de los programas de
protección social, el fortalecimiento de las políticas de permanencia escolar
y, especialmente, el incremento en la cantidad y calidad de las inspecciones
laborales”.
Entre enero de 2025 y marzo de 2026, el Ministerio de
Trabajo (MT) detectó 232 menores de
entre 5 y 17 años víctimas de trabajo infantil, en gran parte de sexo
masculino. Aunque la gran mayoría tenía entre 15 y 17 años, se reportaron 65
casos entre 10 y 14 años y 12 de entre cinco y nueve años, según cifras
publicadas por la Dirección de Prevención y Erradicación de Trabajo Infantil en
el portal de Transparencia del MT.
En
contraste con el primer trimestre del año pasado, este año la disminución fue de un 49.3 %, cifras
alentadoras que se suman a la reducción del trabajo infantil que se ha ido
presentando en el país durante los últimos años.
“Nosotros
sí podemos decir que en la zona nuestra de incidencia no es que no exista la
problemática, pero sí se ha visto bastante mermada”, dijo a este medio Alberto
Jiménez Caballero, director ejecutivo de Fundación La Merced, una
asociación sin fines de lucro de la Iglesia Católica Dominicana constituida en
2010 que se dedica a la prevención y erradicación del trabajo infantil, como
otras causas de explotación, abuso y vulneración de derechos de los niños,
niñas y adolescentes en Santo Domingo Oeste.
“Y por lo menos a nivel local, a nivel de Bienvenido y
Hato Nuevo; eso se refleja en el resto de la ciudad, porque de ahí se mueven
para otras zonas, pues ha habido una disminución”, agregó.
La cara oculta del trabajo infantil
“Los datos reflejan desigualdades
importantes: la incidencia es mayor entre los niños que entre las niñas, en las
zonas rurales y en los hogares más vulnerables económicamente”, expresó a
este medio Carlos Carrera Cordón, representante del Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en República Dominicana. Quien
desempeña este puesto desde junio de 2023, también mostró preocupación sobre
cómo la inasistencia a la escuela por trabajar afecta y compromete el desarrollo
integral de los menores y su acceso a oportunidades futuras.
Aunque las cifras revelan que los niños constituyen la
mayoría de la población en situación de trabajo infantil, expertos señalan que las
niñas presentan un mayor riesgo de permanecer ocultas en las estadísticas
y de estar expuestas a formas de explotación asociadas al trabajo doméstico no
remunerado.
“Se
observa una mayor participación de las niñas y adolescentes en tareas propias
del trabajo reproductivo, socialmente asignado a las mujeres; mientras que los
niños y adolescentes se involucran, en mayor proporción, en actividades ligadas
al trabajo productivo”.
“Las
niñas y las adolescentes suelen estar más expuestas al trabajo doméstico
no remunerado, ya sea en hogares propios o de otras personas, al realizar
actividades ligadas al rol reproductivo como el cuidado de otros niños y niñas,
cuidado de personas mayores o enfermas, realizar las compras del hogar, cocinar,
lavar los platos o limpiar la casa, lavar la ropa, entre otras”, agrega el
documento.
Santo Domingo Oeste y el Distrito Nacional
presentaron más de 100 casos, con 53, 41 y 38, respectivamente; mientras que 20
provincias resultaron sin hallazgos, pese a que la encuesta Encuesta
Enhogar-Mics 2019 muestra una mayor prevalencia del trabajo infantil en las
zonas rurales, donde la incidencia alcanza 4.9 %, frente al 3.4 % en áreas
urbanas.
Asimismo, se observa una mayor concentración en los
hogares pertenecientes al quintil de menores ingresos, según datos compartidos
por el representante de Unicef en el país.
¿A
qué se dedican los menores?
A
nivel mundial, según cifras del Unicef, la agricultura concentra el 61% del trabajo
infantil, principalmente en la agricultura de subsistencia o familiar. En
República Dominicana este ha sido el tercer rubro con más casos en el último
año, superado por “otras actividades
de servicios comunitarios, sociales y personales”, en las que se han
encontrado a 57 menores.
Según
el ministro de Trabajo, en el primer trimestre de 2026 fueron identificados dos
casos de este tipo. Uno de ellos fue en Azua, donde 2 menores de 10 y 6 años
realizaban labores de recolección de tomates. El segundo fue en la provincia de
La Altagracia, allí detectaron a 3 menores participando en labores de
recolección y carga de arroz, consideradas peligrosas para menores de edad.
La
data disponible en el Portal de Datos Abiertos de esa institución muestra que
entre enero de 2025 y marzo de 2026, el Ministerio de Trabajo retiró a 54
menores que laboraban en la agricultura, la ganadería, la caza, la
silvicultura y/o la pesca. Tres de ellos tenían entre cinco y nueve años.
Sin embargo, con más del doble de registros que la
actividad anterior, la actividad económica que lideró el número de menores
trabajando durante el periodo tratado fue el comercio al por mayor y al por
menor, así como también la reparación de vehículos de motor y de motocicletas. Se
trata de 115 casos registrados durante inspecciones.
Aunque no es mencionado en los registros oficiales, Alberto Jiménez Caballero resaltó
además que también hay niños, niñas y adolescentes involucrados en conductas
delictivas y violentas. En la Fundación La Merced no les ha tocado con
frecuencia, pero son conscientes de que hay menores involucrados en
delincuencia: robo o drogas. Hay quienes se aprovechan de su condición “porque a los niños también al ser menores
de edad la ley los trata de manera diferente”.
No
obstante, en el país también existen situaciones en las que adolescentes
realizan actividades económicas autorizadas
por la legislación nacional bajo condiciones especiales de protección, horarios
limitados y sin afectar su educación.
Según
cifras de la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) publicadas
por el Banco Central de la República Dominicana, entre 2025 y el primer
trimestre de 2026, el promedio de la población ocupada entre los 15 y 24 años
en el sector formal e informal fue de 691,750.
Por
ello, el titular del Ministerio de Trabajo recalcó que es importante distinguir estas
modalidades legales del trabajo infantil prohibido o de sus peores formas, “que incluyen actividades peligrosas,
explotación económica o cualquier labor que ponga en riesgo la salud, la
seguridad, la educación o el desarrollo integral de los menores”.
Otras realidades
Unos
88 de los 232 niños rescatados desde enero de 2025 eran indocumentados detectados ejerciendo
labores durante inspecciones en Azua, Santo Domingo, Santo Domingo Oeste y San
Juan de la Maguana, entre otros.
Aunque
no se especifica que eran indocumentados debido a su situación migratoria,
Alberto Jiménez Caballero de Fundación La Merced aborda la realidad de la
población mixta que vive en nuestro país producto de la inmigración. “Son
personas que necesitan también, a veces, cierto acompañamiento para poder salir
adelante”, añadió.
“El
principal factor sigue siendo la pobreza y la vulnerabilidad económica de los
hogares”, explicó Carrera
Cordón, de Unicef. “Cuando las familias enfrentan dificultades para cubrir sus
necesidades básicas, aumenta el riesgo de que los niños y niñas se incorporen
prematuramente a actividades laborales”.
A
su vez, influyen otros factores, como el acceso limitado a oportunidades de
empleo digno para los adultos, las brechas
educativas, las desigualdades territoriales, especialmente en zonas rurales,
y la insuficiente protección social para las familias más vulnerables.
Jiménez
Caballero enumeró además, entre las causas recurrentes en la población que
tratan, a las familias desestructuradas o familias monoparentales, ya que
comúnmente son “mamás que están solas con
una familia muy amplia y muchas veces no trabajan”. Pero otro factor le
produce mucho dolor: la violencia.
Este
psicólogo social español narró que en una investigación preguntaron a los
menores “si cambiaras algo en tu vida,
¿qué sería?" y la respuesta común era “la violencia en su casa”.
Para
Carrera Cordón, igualmente de origen español y también experto en el diseño e
implementación de políticas y estrategias para luchar contra las desigualdades,
la erradicación del trabajo
infantil requiere un enfoque integral que combine protección social,
educación de calidad, empleo decente y sistemas de protección de la niñez
fortalecidos.
Origen
de la data
Estos
números en el último año son producto de las inspecciones
programadas y operativos especiales que realiza el MT en sectores
considerados de mayor riesgo.
Sobre el proceso, el ministro explicó que la
institución verifica las condiciones laborales y, cuando identifica posibles
casos, activa los protocolos correspondientes para garantizar
la protección inmediata del menor.
“A estas acciones se suman las denuncias ciudadanas,
los reportes de organizaciones sociales, las informaciones provenientes de
otras instituciones públicas y los estudios estadísticos especializados que
permiten estimar la magnitud del fenómeno a nivel nacional”, añadió Olivares.
Iniciativas
Con
articulación, coordinación e incidencia especialmente en Santo Domingo Oeste,
en la zona de Herrera y Manoguayabo, que es donde están ubicados dos centros,
la Fundación La Merced interviene no tan solo en la detección de estos niños
que trabajan, sino también en el riesgo en familias o en niños que están en
exclusión social.
La
entidad, contó su director ejecutivo, hace un acercamiento
a la familia y la evalúa. “Si se
ve que esos niños pues tienen riesgo de que se han vulnerado sus derechos, pues
se les invita a la familia, obviamente, a participar de los programas de la
fundación”, dijo.
Aunque
se han enfocado en la localidad donde tienen asiento, la fundación ha estructurado
un modelo y enfoque replicable en otros lugares con iguales características.
Asimismo, está abierta a crear sinergias con las que otros puedan abordar la
problemática.
Peores formas
La Oficina Nacional de Estadística (ONE), a
través de los registros administrativos del Consejo
Nacional para la Niñez y Adolescencia (Conani), registró en 2025 unos 280
casos de niños, niñas y adolescentes en situación de calle o víctimas de las
peores formas de trabajo infantil. En la República Dominicana estas incluyen la
explotación sexual comercial, el trabajo forzado en redes delictivas, el
trabajo en el sector agrícola con exposición a agroquímicos, el trabajo
doméstico en casas de terceros y la economía informal peligrosa en las calles.
También,
destacó Carrera Cordón, en República Dominicana persisten casos vinculados a
las peores formas de trabajo infantil, incluyendo situaciones de explotación
económica, niños y niñas en situación de calle y trabajos peligrosos que ponen
en riesgo su salud, seguridad y desarrollo.
Las estadísticas muestran además que el trabajo peligroso es más frecuente
entre los niños, particularmente en áreas rurales, según el experto.
Los
niveles de pobreza resultan influyentes en el trabajo infantil, ya que según la
OIT y la CEPAL, en ocasiones, los ingresos del hogar determinan si la familia
permitirá o tendrá que enviar a trabajar a sus integrantes menores de edad,
situación que violenta sus derechos a la educación y al ocio, de acuerdo a la
publicación “Trabajo infantil en República Dominicana: análisis de los resultados
de la ENHOGAR-MICS 2014 y 2019 a partir de la nueva metodología”, realizada en 2022.
En
2021, el Departamento de Trabajo de los
Estados Unidos publicó los resultados locales de un informe sobre las
peores formas de trabajo infantil en el que resaltó que pese a los ingentes
esfuerzos estatales, subsisten deficiencias como la limitación de recursos
humanos y financieros para la aplicación de las leyes de trabajo infantil,
falta de un número suficiente de inspectores de trabajo e investigadores
penales, e instalaciones, transporte y combustible adecuados. Los inspectores de trabajo también carecen
de la autoridad para imponer sanciones por infracciones de la legislación
laboral, incluidas las relacionadas con el trabajo infantil.
Sin
embargo, el ministro aseguró a este medio que “durante la presente gestión se
ha fortalecido significativamente el sistema de inspección laboral,
aumentando la presencia territorial, la capacitación del personal y la
utilización de herramientas tecnológicas para una supervisión más eficiente”.
Asimismo,
argumentó que la política del ministerio no se limita a la sanción, sino que su
enfoque es preventivo y correctivo;
en el diseño de esa política participan además el Comité Directivo Nacional de
Lucha contra el Trabajo Infantil , del que forman parte aproximadamente 60
instituciones gubernamentales y no gubernamentales, entre ellas el Conani.
Derecho al juego
El
representante de país de Unicef en República Dominicana insistió en que el
trabajo infantil no debe verse como una estrategia de apoyo familiar ni como
una realidad inevitable.
“Cada
niño y niña tiene derecho a estudiar, jugar, desarrollarse plenamente y crecer
en un entorno seguro y protector”.
En este mes de junio, Unicef también recuerda la importancia
del juego como un derecho fundamental de la niñez e insta a promover entornos
familiares libres de violencia, donde el afecto, el juego y la crianza positiva
sean protagonistas.
“La erradicación
del trabajo infantil es una responsabilidad compartida entre el
Estado, las familias, el sector privado y la sociedad en general; es
fundamental fortalecer las políticas de protección social, garantizar una
educación de calidad y generar oportunidades económicas para las familias”, finalizó Carrera Cordón.
Asimismo, Jiménez Caballero, acotó que espera que el
Estado haga cumplir las leyes como son y que además apoyen iniciativas como la
de la fundación que dirige y otras instituciones que hacen una labor “muy importante y loable”.
“El
Estado, al final, es el principal garante de los derechos de los niños y quien
debe garantizar todo eso; y si no llega a garantizarlo, pues al menos a las
instituciones que estamos haciéndolo de manera desinteresada”.
De su lado, el representante estatal expresó a este
medio que la visión del Ministerio de Trabajo es clara: ningún niño debe
trabajar en condiciones que comprometan su bienestar o su derecho a la
educación.
“La prioridad es fortalecer la prevención, la
sensibilización de las familias y la formalización del empleo adulto, porque un
empleo digno para los padres es uno de los mecanismos más eficaces para
prevenir el trabajo infantil”, puntualizó Olivares.
Nuevas medidas
Ante
la desactualización del último estudio oficial, el Ministerio de Trabajo está
gestionando la realización de una nueva investigación nacional que permita
contar con datos actualizados, confiables y metodológicamente sólidos.
Pero
también anunció recientemente la aplicación del Modelo
de Identificación de Riesgo del Trabajo Infantil (Mirti), auspiciado por la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Cepal. Este constituye una
herramienta moderna de análisis que permite identificar, mediante el uso de
información estadística y variables socioeconómicas, los territorios, sectores
productivos y grupos poblacionales con mayor probabilidad de presentar
situaciones de trabajo infantil.
“Más que contabilizar casos ya existentes, el Mirti
funciona como un sistema de prevención. Su propósito es anticipar riesgos y
orientar las intervenciones públicas hacia los lugares donde pueden existir
mayores vulnerabilidades”,
explicó Olivares.
Por: Yadimir Crespo.
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