Senado aprueba «de urgencia» modificación a Ley de residuos
Santo Domingo, RD. - El Senado de la República declaró de urgencia y
aprobó en dos discusiones este miércoles la modificación a la Ley general de
gestión integral y procesamiento de residuos sólidos, regulando las actividades
de recolección, transferencia, transporte, valorización, tratamiento y
disposición final de los residuos, incluidos elementos fabricados con ‘foam’.
El proyecto de ley tiene la finalidad de proteger la
salud pública, preservar el medio ambiente y promover el desarrollo sostenible,
dijo el Senado en una nota.El proyecto prohíbe, además, la importación de
sorbetes, tenedores, cuchillos y cucharas fabricados en plástico, así como
vasos y cualquier otro producto fabricado en poliestireno ‘foam’, que no tenga
certificación de biodegradabilidad en los términos de la presente ley.
PROYECTO VA A CÁMARA DE DIPUTADOS
El proyecto debe ir a la Cámara de Diputados para su
discusión. Este hemiciclo tiene facultad para introducir modificaciones o
aprobarlo tal y como lo recibe del Senado.
De aprobarse en la Cámara de Diputados, la ley
establece que toda persona jurídica, entidades gubernamentales y otros
patrimonios autónomos, así como cualquier otra entidad que reporte anualmente
sus ingresos a la Dirección General de Impuestos Internos, deberá pagar una
contribución especial obligatoria en base a sus ingresos, con el objetivo de
crear un fondo para mitigar los efectos negativos de la actual disposición de
los residuos y desarrollar un sistema integral de gestión de los mismos.
Los aportes serán realizados de acuerdo con los
ingresos correspondientes al ejercicio fiscal de que se trate.
NORMATIVA IMPONE CARGAS ECONÓMICAS
A ese tipo de disposiciones es que se oponen los
empresarios, tras considerar que la normativa impone cargas económicas que no
guardan relación con la cantidad real de desechos generados por las empresas.
La falta de proporcionalidad en el cálculo de la
contribución motivó la interposición de una acción directa de
inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional por parte de los
empresarios. El TC no ha emitido su fallo sobre el particular.
Sectores empresarios afirman que la ley vigente coloca
en una misma categoría a empresas con realidades muy distintas, incluyendo
aquellas que no generan residuos sólidos, lo que afecta de manera desigual al
sector privado.
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