Oposición de Nicaragua exige a la OEA desconocer dictadura

 

MANAGUA. - Diversas organizaciones opositoras nicaragüenses en el exilio hicieron un llamado urgente a los gobiernos de las Américas, a la Unión Europea y a la ONU para desconocer la consolidación de un «régimen sin elecciones» en Nicaragua, al advertir que la crisis no es un asunto interno sino una amenaza para la seguridad y la migración regional.

En una declaración conjunta, la coalición opositora pidió a los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), al Consejo Permanente de la ONU y su Secretaría General, así como a las cancillerías latinoamericanas, activar y fortalecer los mecanismos previstos en el sistema interamericano frente a la ruptura del orden democrático.

El llamado surge después de que el presidente Daniel Ortega propusiera eliminar las elecciones, en el poder desde 2007 en medio de acusaciones de fraude, eliminando la competencia o declarando «inaplicable» el artículo constitucional que impedía la reelección.

«La OEA cuenta con instrumentos claros para responder a situaciones de esta naturaleza, y su aplicación rigurosa es esencial para evitar que en el corazón de Centroamérica se consolide un régimen sin elecciones, sin libertades y sin controles institucionales», señalaron.

En particular, solicitaron que los Estados democráticos y los órganos competentes de la OEA adopten medidas jurídicas y diplomáticas conforme a la Carta Democrática Interamericana y mantengan el desconocimiento de cualquier acto orientado a suprimir el derecho del pueblo nicaragüense a elegir libremente a sus gobernantes.

«RÉGIMEN AUTORITARIO, PERMANENTE Y DINÁSTICO»

«La experiencia hemisférica demuestra que cuando el autoritarismo avanza sin una respuesta firme, aumentan la represión, el exilio, la migración forzada y se deteriora la seguridad democrática regional», advirtieron.

Alertaron que la normalización de una «dictadura permanente» tendría efectos directos sobre la estabilidad política, la gobernabilidad y la seguridad del continente, profundizaría el exilio, generaría nuevas olas migratorias y debilitaría el compromiso hemisférico con la democracia y el Estado de derecho.

«Esta crisis constituye un asunto de legítimo interés hemisférico y no un problema exclusivamente interno», subraya la declaración, suscrita por la Concertación Democrática Nicaragüense, Unidad Nacional, Unión Democrática Renovadora y otras cinco organizaciones civiles, que advierten que las declaraciones de Ortega «no se trata de un gesto político interno, sino de la decisión explícita de abolir el derecho del pueblo nicaragüense a elegir a sus gobernantes y de consolidar un régimen autoritario, permanente y dinástico».

RECHAZO INTERNACIONAL

Durante la conmemoración del 47 aniversario de la revolución sandinista, el 19 de julio, Ortega, de 80 años, aseguró que «aquí no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos atrapar el gobierno, atrapar el poder».

El anuncio provocó rechazo de República Dominicana, Guatemala, el gobierno electo de Perú, Bolivia, Chile, el Brasil de Luiz Inácio Lula da Silva y foros como el Grupo de Puebla, integrado por más de 60 líderes y expresidentes progresistas de 18 países.

«El anuncio del presidente Daniel Ortega de que en Nicaragua no volverá a haber elecciones constituye una ruptura abierta con los principios democráticos más elementales. Ningún proyecto político puede situarse por encima del derecho soberano de los pueblos a elegir libremente a sus gobernantes», dijo el Grupo de Puebla.

La Cancillería de Nicaragua respondió con dureza a las críticas del alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, Estados Unidos, Panamá —que retiró a su embajador— y Costa Rica.