EU aplicará en RD plan piloto de fianzas para visas de inmigrante
SANTO DOMINGO, RD. - El Departamento de Estado de Estados Unidos informó
que República Dominicana será el primer país donde se implementará un programa
piloto que permitirá exigir una fianza económica a determinados solicitantes de
visas de inmigrante considerados potencialmente como una carga pública por los
funcionarios consulares.
Según
reportes del medio Washington Free Beacon, los montos de estas
garantías podrían oscilar entre 100,000 y 250,000 dólares; sin embargo, la
vocera en español del Departamento de Estado, Natalia Molano, aclaró que
todavía no existe una cifra fija y que el monto será establecido de manera
individual por cada oficial consular, tomando en cuenta las circunstancias
particulares del caso.
EVALUACIÓN FINANCIERA
SERÁ PREVIA A LA ENTREVISTA
Molano
explicó que el análisis sobre una posible carga pública comenzará antes de la
entrevista consular, luego de que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de
Estados Unidos (USCIS) apruebe la petición de residencia y remita el expediente
al consulado correspondiente.
El
oficial consular revisará la información financiera presentada por el
patrocinador mediante el formulario de apoyo económico (affidavit
of support). Si determina que los recursos del patrocinador no son
suficientes para respaldar al inmigrante, podrá solicitar una fianza como
garantía adicional.
La
funcionaria indicó que República Dominicana fue seleccionada debido al alto
volumen de solicitudes de visas que procesa la embajada estadounidense en Santo
Domingo. El programa será evaluado durante su aplicación inicial para
determinar posibles ajustes y la incorporación de otros países.
FIANZA PODRÁ SER
DEVUELTA BAJO CIERTAS CONDICIONES
La
garantía económica será administrada por USCIS y no por el consulado. Según
explicó Molano, el dinero podrá ser reembolsado si, durante los cinco años
posteriores al ingreso del inmigrante a Estados Unidos, este no recibe
beneficios públicos y cumple con los requisitos establecidos.
El
concepto de “carga pública” forma parte de la legislación migratoria
estadounidense y busca determinar si un solicitante podría depender del
Gobierno para cubrir necesidades básicas o servicios esenciales.
Aunque algunos detalles operativos aún están en proceso de definición, el Departamento de Estado confirmó que la medida ya fue adoptada y que su aplicación podría extenderse posteriormente a otros países.
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