Exige fortalecer una respuesta estatal a desapariciones en RD
Santo Domingo, RD. - El Defensor del Pueblo advirtió de la «necesidad de fortalecer» la respuesta
del Estado, la coordinación interinstitucional, los mecanismos de protección y
el acompañamiento a las familias de personas desaparecidas.
En
el informe, «Diagnóstico Integral
sobre Desapariciones No Voluntarias en República Dominicana», la institución identifica dificultades
para denunciar y dar seguimiento a los casos, impactos económicos, sociales y
emocionales que pueden prolongarse durante años, insuficiencias en el
acompañamiento a las familias y desafíos en la coordinación entre las
instituciones.
El
diagnóstico fue elaborado mediante una metodología que combinó revisión
documental, análisis comparado de legislación, entrevistas, grupos focales y
una encuesta aplicada a 74 familiares de personas desaparecidas, detalló la
institución en un comunicado de prensa.
En
la presentación, realizada en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo
(INTEC), el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, destacó que la carga de la
búsqueda recae con especial intensidad sobre las mujeres, principalmente
madres, esposas, hermanas e hijas, quienes mantienen activa la búsqueda,
movilizan a sus comunidades, recurren a los medios de comunicación y dan
seguimiento a las autoridades.
«Detrás de cada registro existe una vida; detrás de cada expediente, una familia; y detrás de cada demora institucional, una angustia que se prolonga», expresó.
En
la actividad participaron la doctora Dalul Ordehi González, decana del Área de
Ciencias Sociales y Humanidades del INTEC; Gustavo Alejandro Oliva Álvarez,
investigador principal del diagnóstico; Evelyn Abreu, presidenta de la
Asociación Dominicana de Familiares de Desaparecidos; el Dr. Julio Valeirón; la
diputada Liz Mieses e Indiana Castillo, coordinadora interinstitucional de
Alertas RD.
NECESIDAD
DE RESPUESTA INTEGRAL
Para
Ulloa las desapariciones no voluntarias no pueden abordarse «exclusivamente» como un asunto
policial, debido a que involucran ámbitos como derechos fundamentales, salud
mental, protección social, investigación criminal, gestión forense, acceso a la
información, justicia y responsabilidad pública.
Por
el contrario, señaló que la protección efectiva de los derechos exige
desarrollar capacidades, coordinar instituciones y ofrecer respuestas «oportunas, sostenidas y verificables».
Asimismo,
reconoció como un «avance» la promulgación de la Ley número 25-26, que crea la
Alerta Nacional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, denominada «Alertas RD».
Mediante
esta legislación se dota al país de un marco para activar la búsqueda,
coordinar la respuesta institucional y movilizar la colaboración de los medios
de comunicación y de la sociedad, aseguró.
A
pesar de ello, advirtió: «Una alerta es
el inicio de la búsqueda, no su conclusión».
Por:
la Redacción.
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