¿Quién se llena los bolsillos con las deportaciones de EU?
Cada vuelo de deportación que aterriza en el AILA no
solo trae dominicanos esposados. Trae también una cadena de negocios que mueve
millones de dólares al año. Mientras el debate público se queda en “si deberían o no deportarlos”, pocos
preguntan quién gana con cada expulsión.
El gobierno de EE.UU. no
encierra a los inmigrantes en instalaciones propias. Contrata a empresas
privadas. GEO Group y CoreCivic manejan la mayoría de los centros de detención.
Cobran al Estado entre US$120 y US$160 por persona, por día. Un dominicano que
pasa 60 días detenido antes de ser deportado le cuesta al contribuyente
estadounidense más de US$9,000. Multiplica eso por los miles de dominicanos
detenidos cada año.
En 2025, ICE reportó un
promedio diario de 38,000 detenidos. Con la política migratoria actual de la
administración Trump, ese número subió. Y cada cama llena es un contrato
cumplido para estas empresas que cotizan en bolsa.
EL NEGOCIO DE
VOLAR
Las deportaciones no las hace
American Airlines. ICE Air subcontrata vuelos chárter a empresas como GlobalX y
CSI Aviation. Un solo vuelo de deportación a Santo Domingo puede costar entre
US$150,000 y US$250,000, según datos del Congreso. En 2024 hubo más de 40
vuelos de deportación a República Dominicana. Solo en transporte aéreo,
hablamos de US$6 a US$10 millones al año.
¿Y quién paga? El contribuyente. ¿Quién cobra? Las aerolíneas chárteres y los intermediarios que
gestionan la logística.
EL NEGOCIO EN TIERRA DOMINICANA
Cuando el avión aterriza, empieza otra economía.
Abogados que prometen “limpiar el récord”
por US$3,000. Gestores que ofrecen conseguir el pasaporte rápido por $500.
“ONG” que cobran por “reinserción” sin darla. Casas de cambio en los
alrededores del aeropuerto con tasas abusivas para el familiar que llega
desesperado con dólares.
Hasta el transporte se
encarece. Un taxi del AILA a Villa Mella puede costarle a un deportado US$60,
el triple de la tarifa normal, porque “viene
de allá y no sabe”.
NEGOCIO DEL
MIEDO
Pero el mayor negocio no está
en el vuelo ni en la celda. Está en el miedo. Miles de dominicanos en EE.UU.
pagan abogados, notarios y “paralegals” cada
mes para “arreglar papeles” que
muchas veces no tienen arreglo. El temor a la deportación mantiene activa una
industria de consultas de US$200, aplicaciones de US$1,500 y apelaciones de
US$5,000.
Cuando un barrio ve a tres
vecinos deportados, 300 más salen corriendo a buscar abogado. Gane o pierda el
caso, el abogado cobra.
¿Y EL ESTADO DOMINICANO?
Oficialmente, República
Dominicana recibe a sus nacionales sin costo. En la práctica, cada deportado
que llega sin redes de apoyo termina siendo una carga para Salud Pública, para
la Policía cuando no consigue trabajo, o para la familia que dejó de recibir
remesas. En 2025, las remesas desde EE.UU. cayeron 4.2% en provincias con alto
índice de deportaciones, según el Banco Central.
Mientras, ninguna autoridad
rinde cuentas sobre los programas de reinserción que se anuncian cada año y
nunca aparecen.
LA PREGUNTA INCOMODA
Si las deportaciones son tan
caras para EE.UU. y tan traumáticas para República Dominicana, ¿por qué siguen
aumentando? Porque son rentables. No para el Estado, sino para un ecosistema de
contratistas, aerolíneas, cárceles privadas, abogados y gestores a ambos lados
del charco.
El dominicano deportado es el
producto. Y mientras siga habiendo producto, habrá quien cobre por procesarlo,
encerrarlo, transportarlo y “ayudarlo”
al llegar.
La próxima vez que veas un
titular sobre “récord de deportaciones”,
pregúntate: ¿récord de sufrimiento o
récord de facturación?
*Los datos citados corresponden a reportes públicos de ICE, el Congreso de EE.UU. y el Banco Central de la República Dominicana a junio de 2026.
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